- Nicolás Farfán Vega, Sociólogo, MBA y Máster en Alta Dirección Internacional. Especialista BID en Gestión Fiscal para la Acción Climática y experto en Dirección y Gestión de Proyectos (PM4R).
En medio de las consecuencias por el sistema frontal que dejó a más de 459.000 clientes sin suministro eléctrico en el país —227.886 de ellos en la Región de Valparaíso, cerca del 20% de los usuarios de la región, además de La Araucanía y Coquimbo entre las zonas más afectadas—, es necesario recordar que la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) sostiene que la infraestructura resiliente debe garantizar la continuidad de los servicios esenciales —energía, agua, transporte, telecomunicaciones y salud— incluso frente a amenazas y desastres.
Bajo este concepto, la infraestructura no se evalúa por cómo funciona en días normales, sino por cómo responde cuando todo falla. Esa evaluación es la que se debe hacer hoy, sobre todo en la Región de Valparaíso, donde diversos sectores quedaron sin suministros básicos por horas y, en algunos casos, por días.
Cuando una familia pierde su casa, cuando un adulto mayor electrodependiente queda sin energía para mantener operativo el equipo que le permite vivir, o cuando una localidad queda aislada durante días, el problema deja de ser exclusivamente técnico. Las instituciones deben planificar, prevenir, fiscalizar, mantener y responder oportuna y operativamente para proteger la vida humana y animal.
El escenario del sistema frontal dejó clara la necesidad de que Chile avance hacia un Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica. No basta con reponer el suministro tras cada temporal; es necesario diseñar un sistema capaz de resistir, adaptarse y recuperarse con rapidez.
El propio Delegado Presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, lo señaló esta semana: no existe un plazo obligatorio de reposición del suministro para las empresas eléctricas en casos de fuerza mayor. Ese vacío normativo explica, en parte, por qué medidas de resiliencia conocidas hace años —soterramiento, corredores de poda, microrredes— avanzan con lentitud: sin plazos ni estándares exigibles, no hay incentivo regulatorio para adelantar la inversión.
De hecho, ya existe un proyecto de ley en el Senado que obliga el soterramiento de cables eléctricos y de telecomunicaciones en todo el país, con plazos de hasta cuatro años en zonas urbanas y diez en zonas rurales. Es una señal correcta, pero insuficiente frente a la frecuencia con que se repiten estos eventos: la discusión debiera acelerar los plazos para la infraestructura crítica —hospitales, centros de salud, zonas con adultos electrodependientes— en lugar de tratarla igual que el resto de la red.
Esto supone diversas acciones: soterrar redes en infraestructura crítica; establecer corredores de seguridad con manejo permanente de la vegetación; implementar microrredes y sistemas de respaldo para personas electrodependientes; fortalecer el monitoreo inteligente de la red; y exigir estándares de continuidad del servicio acordes con un clima cada vez más extremo.
Las medidas no constituyen un gasto, sino una inversión pública inteligente. El informe del BID «Del riesgo a la confiabilidad: servicios de infraestructura resiliente para enfrentar los desafíos de la naturaleza» (octubre de 2025) estima que construir infraestructura resiliente desde el diseño cuesta entre un 5% y un 20% menos que reemplazarla tras un desastre, y que cada dólar invertido en gestión del riesgo evita hasta cuatro dólares en pérdidas. Esa relación costo-beneficio debiera ser el argumento central para financiar el Plan Nacional de Resiliencia de la Red Eléctrica, integrándolo al eje «Sistema energético seguro y resiliente» que el Ministerio de Energía ya comprometió en su Ruta Energética 2026-2030, con metas y plazos verificables. No debemos olvidar que la infraestructura más importante de un país es siempre la vida humana.
