- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Ni las urgentes necesidades sociales ni los estragos dejados por las emergencias climáticas de este invierno–primavera consiguen detener la acción desquiciada de la tijera pinochetista que está recortando a su amaño los gastos fiscales en el proyecto de ley del presupuesto nacional 2027, que se encuentra en el Congreso y que significa un fuerte impacto para los sectores mayoritarios del país.
El pueblo vive angustiado por problemas que se agudizan, como el desempleo (9,8% en el último trimestre, la cifra más alta en 5 años), la inflación, los salarios insuficientes, el endeudamiento y la falta de oportunidades, y a ello se suman calamidades como calles convertidas en torrentes de agua a causa de las lluvias torrenciales o granizadas, el anegamiento o derrumbe de viviendas modestas y la evacuación masiva de campamentos de tránsito amenazados por la crecida de ríos o esteros, a lo que hay que agregar trombas marinas y hasta tornados con la consiguiente destrucción.
Ante ello no hay reacción gubernamental pero sí la hay para continuar accionando la tijera que recorta a su paso todo lo que encuentra, sin reparar en el daño que ocasiona a las clases populares sorprendidas por esta medida inesperada e inusual.
La drástica disminución en la destinación de recursos fiscales tiene lugar para desacreditar la gestión financiera del gobierno anterior y se produce en el momento menos indicado. Pareciera que la actual administración de extrema derecha – lejos del pueblo y de la calle – cree que Chile y su gente no necesitan nada porque viven en el mejor de los mundos.
Este proyecto de ley trae malas noticias para las regiones, que son postergadas y reducidas, en tanto miles de familias dejarán de percibir beneficios estatales que les son indispensables.
Paralelamente a los ricos se les llena de privilegios y hasta les son rebajados los impuestos a los propietarios de grandes empresas.
El plan presupuestario contempla un gasto total de 111 mil millones de dólares e incluye la solicitud de endeudamiento por otros 25 mil millones. Según el presidente fue elaborado con «seriedad y responsabilidad», y a la vez reconoce que «habrá dolores». Obviamente estos no serán para las clases opulentas. En la letra chica del proyecto aparecen más deudas para el país, menos dinero para las regiones y un freno a la contratación por el Estado.
La estimación de que los recortes presupuestarios superarían los 320 mil millones de pesos revela la gravedad de lo dispuesto por La Moneda. Está a la vista que al oficialismo no le importa el impacto social y su única preocupación es servir bien a sus amigos y cercanos que ostentan el poder económico.
El recorte más fuerte afecta a los gobiernos regionales, ya que la suma inicial era por 250 mil millones de pesos. La medida ha sido resistida por las gobernaciones, porque se anticipa que repercutirá principalmente en la ejecución de obras que generan puestos de empleo.
Salud y educación, sectores fundamentales para el país, aparecen seriamente castigados. El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, disminuido en alto porcentaje en sus ingresos fiscales, ha expresado su inquietud por esta merma que limitará las funciones académicas y de investigación.
Desde la comisión de salud del Senado se ha denunciado el retroceso que se avecina y que se manifiesta principalmente en la ley Ricarte Soto, que cubre 27 enfermedades. En la actualidad hay casi 90 mil personas acogidas a este cuerpo legal que surgió para enfrentar tratamientos de alto costo. En este caso la caída presupuestaria será de 28 mil millones de pesos.
Con la eliminación del programa «Yo elijo mi PC» la mezquindad alcanzará a niños pertenecientes a familias vulnerables. La entrega de computadores a escolares viene produciéndose desde 2009 y ahora será suprimida, al igual que la fundación Prodemu con todos sus trabajadores a la calle. También desaparece el programa Calles sin violencia y disminuye el financiamiento de los liceos bicentenarios.
Mientras los recortes presupuestarios no se detienen las urgencias reales de los pobres y menos pobres siguen esperando. A ello se agregan ahora los incontables damnificados por fenómenos derivados del cambio climático, que en estos momentos requieren atención y ayuda con indiscutible prioridad, más que seguir suprimiendo recursos públicos necesarios para las clases populares.
