- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Todavía mantienen secuestrado el sueldo de Chile, ocultan información cuando les conviene y las desmedidas tarifas de los servicios básicos de que se han apoderado son determinantes en el descontrolado proceso inflacionario que sufren los chilenos – aunque el IPC sea manipulado -, pero las transnacionales no han sido tema para quienes buscan llegar a La Moneda, ya en los tramos finales de la carrera presidencial.
Estas grandes empresas ávidas de dinero se identifican con el sistema mercantil, son activadas por el capitalismo internacional, no cumplen función social alguna, abusan de los sectores populares y aprovechan en su propio beneficio las granjerías y facilidades que reciben de la casta política que les rinde pleitesía.
Se trata de un bofetón a la soberanía del pueblo: hay aquí una descarada intromisión en la sociedad chilena que algunos pretenden presentar como algo natural. Estos poderosos consorcios están legalmente autorizados para meter la mano en el bolsillo de la gente con total desvergüenza y absoluta impunidad.
Extrañamente por el mayor respeto por el poder del dinero, las y los presidenciables evitan pronunciarse sobre todo esto. La casta política lo afecta y se limita a mirar para otro lado, desentendíéndose de esta situación propia de un entrometimiento cuyas consecuencias las viene pagando la ciudadanía desde hace medio siglo.
La alianza entre las transnacionales y acaudalados empresarios chilenos para profundizar el modelo de explotación ha producido exitosos resultados para la oligarquía. Así se ha fortalecido una institucionalidad única en el mundo que impide el surgimiento de una democracia de mayorías y facilita la dominación de las minorías que alientan la concentración económica.
Lo que sucede con el cobre es un ejemplo dramático: casi el 100% llegó a ser chileno luego de ser nacionalizado por el gobierno del presidente Allende, pero hoy solo un tercio de la producción corresponde a Codelco. Los otros dos tercios son de transnacionales, con un régimen tributario privilegiado. De los ocho candidatos presidenciales solo uno, Eduardo Artés, está por la nacionalización total del metal rojo. Inicialmente Jeannette Jara había anunciado similar medida, pero echó pie atrás por decisión de su comando socialdemócrata.
Con la idea de privatizar lo que quedaba tras la dictadura, los primeros gobiernos de la Concertación también cedieron a conglomerados foráneos el control de servicios públicos vitales para la población. Durante el periodo de Frei Ruiz-Tagle fueron privatizados y entregados al capitalismo extranjero el suministro de agua potable y energía eléctrica.
Actualmente hay variados reclamos por las tarifas del vital elemento, a lo cual las empresas aludidas suelen aducir “filtraciones” que aumentan el consumo de domicilios particulares. Sin embargo, en realidad se comprueba luego que fallas de este tipo no se han producido y que todo no es otra cosa que un abuso. Lo que es cierto es que luego de trabajos ejecutados por las sanitarias quedan en calles y veredas peligrosos hoyos que se eternizan.
En la región de Valparaíso acaba de darse a conocer un decreto de la Superintendencia de Servicios Sanitarios en que se establece que las tarifas del agua tendrán en los próximos cinco años un reajuste promedio de 4,3%. Los inversionistas españoles parecen instalados aquí indefinidamente, imponiendo valores sin hacer alusión alguna a la eficiencia del servicio.
La luz eléctrica privatizada y en manos extrañas en cuanto a su generación y distribución han hecho noticia adversa con frecuencia en el último tiempo. En el invierno de 2024 se registraron prolongados apagones sin causa justificada en la zona central, a tal punto que muchas familias salieron en medio de la oscuridad a protestar enérgicamente. Lo peor fue la muerte de tres vecinos electrodependientes del Área Metropolitana cuyas familias no recibieron una pequeña reparación, ni siquiera el pésame.
Hoy este precario servicio de nuevo acapara la atención de la ciudadanía, luego que fuera detectado un controvertido error en el cálculo para la aplicación de las tarifas. Ello significa que en los últimos años a través de todo Chile se han registrado cobros excesivos que han ido a sumar los haberes de aquellos que operan exclusivamente con afanes lucrativos. Aquí las cuentas de la luz son las más caras de América Latina.
No se ha establecido si las empresas pertinentes estaban al tanto de este error, pero desde ya cuentan con el respaldo de la derecha política. Esta aparece escandalizada por el daño hecho contra la ciudadanía, aunque el gobierno ha dispuesto la restitución a las familias de lo que se pagó de más.
Aunque fue sacado del cargo, la casta política ha embestido contra quien fuera ministro de Energía, Diego Pardow. No le perdonan que este haya dicho alguna vez que es más seguro para la ciudadanía tener una distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal.
Las transnacionales solo son invitadas de piedra, mantienen el cobre en su poder, distorsionan la economía, elevan desmedidamente la inflación, abusan a su antojo y constituyen una inaceptable agresión a la soberanía de los chilenos. Ni siquiera han sido mencionadas por las y los candidatos presidenciales mejor posicionados, pero el pueblo hace rato que les está mostrando la puerta de salida.
