- Francisco Bartolucci Johnston, abogado y docente universitario
Lo que debiera ser un moderado aporte de los vecinos a su municipio, se ha convertido en un abuso del Estado sobre los ciudadanos. En efecto, el monto que han alcanzado las contribuciones es exorbitante convirtiéndose en una carga ya no solo gravosa, si no imposible de solventar para la clase media chilena, y para que decir para las personas pensionadas cuyos ingresos caen sustancialmente al momento de jubilarse, mientras el pago trimestral de contribuciones les aumenta progresivamente.
Una de las razones que llevan a esta exigencia desmesurada del Estado sobre los propietarios de inmuebles gravados con contribuciones es la arbitrariedad en la fijación del avalúo de las propiedades, el cual hoy fija Impuestos Internos sobre parámetros establecidos por el mismo servicio, sin que nadie lo controle. Al respecto, cabe señalar que los avalúos de las propiedades gravadas – sobre el cual se calcula la contribución – han subido en el último tiempo muy por sobre el valor comercial de los inmuebles, pareciera con el solo propósito de recaudar más y más dinero para las arcas municipales a costa de sus vecinos, que hoy ya no dan más. Quiero graficar esta situación con mi propia realidad: como tantas personas que llegan a la tercera edad y se jubilan, he puesto mi casa en venta, para “achicarme”; pues bien, el valor (avalúo) que Impuestos Internos tiene fijado a mi casa es poco más de un 35% mayor al valor comercial en que una seria oficina de corretaje de propiedades me ha señalado se puede vender (y obviamente está a la venta en ese precio, y aún no hay oferentes). Esta misma situación aqueja hoy a todos los propietarios que deben pagar contribuciones. Otra situación que lleva a la injusticia que comento es que las exenciones o rebajas que hoy se aplican en el pago del tributo están fuera de la realidad, ya que sólo benefician situaciones extremadamente excepcionales.
Desde una mirada más amplia, el asunto requiere de un cambio de “paradigma”: este debe ser, ¡los ciudadanos no están llamados a financiar los municipios con un impuesto patrimonial!, sin perjuicio de cancelar los servicios que éste les preste, como la recolección del aseo o la emisión de la licencia de conducir, por ejemplo, o aportar con el pago de patentes comerciales o permisos de circulación. Es también necesario allegarles a los municipios nuevas fuentes de financiamiento, que se sumen a las actuales.
Pero, en fin, hay una luz de esperanza. En la “Ley de Reconstrucción Nacional” que el actual gobierno ha propuesto al Congreso se contempla la posibilidad de remediar esta situación. Desgraciadamente, la reacción de los alcaldes ha sido deplorable al adoptar una defensa corporativa que en nada se hace cargo la realidad de sus vecinos, como tampoco la indispensable necesidad de analizar sus propios gastos para acomodar los altos egresos de operación y administración en que incurren.
La disposición legal que ha propuesto el gobierno, para aliviar a los ciudadanos de este gravoso impuesto y poner las cosas en su justo lugar, debe votarse en los próximos días en ambas ramas del Congreso; pues bien, estaremos atentos para saber que diputados y senadores han comprendido la necesidad de poner remedio a una situación de manifiesta injusticia o, por el contrario, en un afán de perjudicar a la actual administración, prefieran darle la espalda a los ciudadanos-vecinos de sus distritos y circunscripciones. Ya veremos.
