14 de abril de 2026 22:19
  • Renato Rivera Valdés y Andrés Reyes Barra, Departamento Jurídico Regional Colegio de Profesores

Como es de conocimiento público, la educación de nuestro país está pasando por una crisis profunda, con hechos realmente dramáticos como el asesinato de la Inspectora General de un Establecimiento Particular Subvencionado en Calama.

Con posterioridad, hemos podido apreciar una cantidad, no vista históricamente, de amenazas de atentados a muchos establecimientos en la región y en el país. La dimensión de estos hechos, nos hace pensar que no son transitorios y que tras ellos hay una intencionalidad de sectores que históricamente, en su marco ideológico han luchado por mantener la ignorancia en los sectores más desposeídos.

Tenemos que reconocer, que a través de más de un siglo, desde la Constitución de 1833, con Joaquín Prieto, el estado era responsable de entregar la educación en nuestra patria. Una educación gratuita, obligatoria y de calidad. Rol importante fue la creación de las Escuelas Normales. La primera fue creada en 1842 y en 1857 la Normal de Mujeres que permitió la incorporación de ellas al mundo social.

No podemos olvidar que la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria tiene sus orígenes en el año 1900. Demoró 20 años en su promulgación. Los que han tenido el poder económico usaron el argumento de quien iba a trabajar la tierra si los niños iban a estudiar. Quienes  tuvimos la virtud, de ejercer la profesión, antes del Golpe Militar, podemos decir, con emoción que el mundo de la Educación era muy muy distinto. Haber ejercido la educación rural te llena de emoción. Formamos profesionales de todos los niveles y nuestro hogar era el lugar de acogida que llegaban a las escuelas normales o universidad para logra un título profesional. El 87 % de la educación estaba en manos del Estado .Solo el 13% era particular pagado, donde los ricos llevaban a sus hijos. Las universidades eran gratuitas lo que permitía la posibilidad que el hijo del trabajador obtuviera una profesión.

Todo cambió con el Golpe Militar de Pinochet. La educación se transformó en un negocio. Se aplicó el decreto 3063 permitiendo a personas privadas naturales o jurídicas, la creación de establecimientos particulares subvencionados de enseñanza básica y media y en educación superior otorgó la posibilidad de crear y administrar Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades.

¿Quiénes son los dueños de estos negocios de la Educación  Superior? Hay que tenerlo muy claro, pues son aquellos que fueron fieles serviles del dictador.

En el año 1979 se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley Número 3063 que facultó a los municipios administrar servicios que a la fecha se encontraban centralizados. Se creó el Fondo Común Municipal para que fueran administrados por estos organismos de atención primaria de salud, obras públicas, seguridad ciudadana, administración de los establecimientos educacionales y otros para que fueran administrados por estos organismos. La propuesta de la Dictadura era la privatización de toda la educación y hacer del sistema municipalizado solo una acción transitoria.

Hoy sólo el 30% de la educación pública tiene vigencia. La herencia de la Dictadura es haber cambiado nuestra sociedad y en especial en la educación. Se puso término a la excelente relación profesor, alumno y apoderado que era una prolongación de la vida familiar. La Educación no es obligatoria y la unidad de principios quedó en el pasado.

Los establecimientos educacionales han experimentado un deterioro progresivo en las condiciones de convivencia y seguridad de la comunidad educativa. Un estudio Internacional de la OCDE (Organización  para  la Cooperación y el Desarrollo Económico) analiza las condiciones de enseñanza y aprendizaje de las escuelas en la comunidad educativa. Señala que el 54,2% de los chilenos declara que mantener la disciplina en el aula les genera estrés. Sentirse intimidado o insultado verbalmente por estudiantes, alcanza un 28,4%. Ser responsable del bienestar social y emocional de los estudiantes es una fuente de estrés en su condición de docente y representan el 47,5%.

Las denuncias a la Superintendencia de Educación Escolar en relación al ”maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa demuestran un aumento sostenido a nivel nacional pasando de 441 casos en el 2023 a 536 en el 2024, llegando a 716 en el 2025, siendo la Región Metropolitana la que concentra la mayor cantidad con 584 casos.

El Sector Particular Subvencionado, lidera el total acumulado con 745 casos; el sector municipalizado se mantiene relativamente estabilizado y en los Servicios Locales van en un aumento progresivo con 20 casos en el 2023, llegando a 127 en el 2025. Los Colegios Particulares también registran aumento de incidentes,  llegando a 54 casos.

El proyecto tiene por propósito fortalecer la seguridad y convivencia de los establecimientos educacionales. Ha sido duramente criticado e incluso el Presidente Nacional hizo una dura intervención sobre la materia .Obviamente ,desde el punto educativo no pone el acento en las causales de estos hechos lamentables que afectan a la comunidad educativa en el aspecto físico y psíquico. Revisión de mochilas, bolsos o pertenencias de los estudiantes, facultar a las fuerzas de Seguridad Pública para efectuar revisión de las vestimentas y efectivos personales de los estudiantes, denuncia ante la Superintendencia de Educación, requisito para la obtención de gratuidad es no haber sido condenado por delitos contra la vida, la integridad física o psíquica de las personas o contra la propiedad o la infraestructura pública, actos que tengan como consecuencia la interrupción parcial o total de las clases o alteración del normal desarrollo de la jornada  escolar. Se instala la inhabilidad con una duración hasta de 5 años para quienes hayan sido condenados por sentencia firme y ejecutoriada por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o psíquica contra las personas.

Como se puede apreciar se da el carácter de delito el derecho a protestar y movilizarse a los estudiantes.

La responsabilidad de la organización gremial es la de recuperar lo que históricamente fue nuestra educación. La obligatoriedad es un factor relevante. Como es posible, que niños de 12 años formen parte de bandas delictuales .Calóricamente, el niño debe tener una formación desde el primer año básico y los docentes con varios años como docentes pueden tener la vivencia de colegas mujeres transmitiendo cariño y amor por la educación y la comunidad educativa.

Importante, es recuperar el rol de las escuelas normales. Debemos tener serias dudas de la formación de docentes y otras profesiones en manos de dueños fascistas como la Universidad de San Sebastián  o la Universidad Autónoma Un proyecto educativo, no soluciona los problemas de convivencia de la comunidad educativa. Ser maestro es luchar, incansablemente, por formar una sociedad valórica y ello es posible sólo con educar a los niños y jóvenes de nuestro país para construirlos en un mundo mejor. Debemos rechazar todo proyecto que los considere como delincuentes.

 

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