- Osvaldo Urrutia Soto, consejero regional de Valparaíso
La reciente información dada a conocer en la edición de ayer martes, sobre las deficiencias en el sistema de monitoreo de la calidad del aire en las comunas de Quintero-Puchuncaví, resulta particularmente grave, no solo por sus implicancias técnicas, sino por las responsabilidades institucionales comprometidas.
Los equipos involucrados fueron adquiridos, en el año 2023, con recursos del Gobierno Regional, es decir, con fondos públicos destinados precisamente a resguardar la salud de la población. Sin embargo, dichos instrumentos llevan más de un año sin operar, almacenados en una bodega por la falta de calibración, lo que revela una inaceptable negligencia en su puesta en marcha.
Este caso también deja en evidencia la preocupante falta de herramientas eficaces de control y seguimiento por parte del Gobierno Regional respecto de los proyectos que financia. No resulta casual ya que durante los últimos cinco años, el GORE no ha contado con un profesional a cargo de la Dirección de Control, debilitando una función clave para la supervisión del uso de recursos públicos y la correcta ejecución de las iniciativas de inversión.
A ello se suma una interrogante de fondo: se desconocen las razones por las cuales se encomendó la operación del laboratorio y de las estaciones de medición a una universidad sin experiencia acreditada en esta materia, decisión que hoy adquiere especial relevancia a la luz de los resultados observados.
Pero el problema no se agota en lo administrativo o técnico. También existe una evidente responsabilidad política. El Gobierno comprometió el monitoreo efectivo de la calidad del aire, promesa que, a la luz de estos antecedentes, simplemente no se cumplió.
Mientras tanto, miles de familias han debido vivir durante este tiempo sin información confiable sobre el aire que respiran, quedando expuestas a la incertidumbre en un tema tan sensible como la salud.
