- Osvaldo Urrutia Soto, consejero regional, ex diputado
En medio del debate reciente al interior del Consejo Regional de Valparaíso, ha quedado en evidencia una cuestión que trasciende el episodio puntual y que resulta clave para el buen funcionamiento de nuestras instituciones: el respeto irrestricto a la delimitación de competencias.
Los órganos colegiados no solo se sostienen en mayorías circunstanciales, sino en reglas claras que ordenan su funcionamiento y resguardan su autonomía. Entre ellas, la organización interna del Consejo —incluyendo la elección de los presidentes y vicepresidentes de sus comisiones— constituye una atribución exclusiva de sus integrantes. No se trata de una formalidad administrativa, sino de una condición esencial para asegurar equilibrios, deliberación efectiva y legitimidad en las decisiones.
Precisamente por ello, resulta particularmente improcedente que se haya intentado intervenir en la elección de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones, materia que corresponde resolver exclusivamente a los consejeros regionales. Cuando se intenta incidir en una decisión de esta naturaleza, no solo se tensiona innecesariamente el clima interno, sino que además se instala una señal preocupante: que las reglas pueden relativizarse según la conveniencia del momento. Y cuando eso ocurre, la institucionalidad comienza a erosionarse, muchas veces de manera silenciosa, pero persistente.
La experiencia demuestra que las instituciones funcionan mejor cuando cada autoridad ejerce sus atribuciones con prudencia y respeto por las de los demás. No es una cuestión de cortesía política, sino de responsabilidad institucional. Confundir roles o sobrepasar competencias puede parecer, en lo inmediato, una forma de incidir o acelerar decisiones; pero en el mediano plazo termina debilitando los espacios de gobernanza que se pretende fortalecer.
En el caso del Consejo Regional, resguardar su autonomía no es solo un asunto interno. Es también una señal hacia la ciudadanía respecto de la seriedad con que se adoptan las decisiones que impactan el desarrollo regional. Un Consejo que organiza libremente su funcionamiento es un Consejo que delibera con mayor independencia y, por tanto, con mayor legitimidad.
Por eso, más que escalar controversias, lo verdaderamente relevante es reafirmar principios. Reglas claras, competencias bien definidas y autoridades que actúan dentro de su ámbito no solo ordenan el funcionamiento institucional, sino que fortalecen la confianza pública.
Cuando el Gobernador se distrae en intervenciones improcedentes, la ciudadanía concluye que sus autoridades prefieren la pelea pequeña antes que hacerse cargo de los grandes desafíos de la región.
