19 de mayo de 2026 20:57

* Marco A. Fuentes Ih.

  1. La compra de agujas de coser por casi $30 millones por parte del municipio de Molina ha generado una gran controversia.

No solo el monto resulta sorprendente, sino también la descripción del producto, que aparece como si fuera  una sola unidad.

Esto ha levantado serias dudas sobre la gestión y transparencia en el uso de recursos públicos.

Expertos en compras públicas advierten que tales situaciones pueden surgir por errores administrativos o descripciones poco claras. Sin embargo, es fundamental que se garantice una mayor claridad y rendición de cuentas en el uso de fondos fiscales para mantener la confianza de la comunidad.

  1. El asesinato de la profesora en el norte de nuestro país, es un hecho trágico que resalta la creciente preocupación por la seguridad en las escuelas. Este acto de violencia no solo afecta a la comunidad educativa, sino que también plantea interrogantes sobre la responsabilidad y el entorno en el que se desarrollan nuestros jóvenes. Es imperativo que se tomen medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar en los espacios educativos.
  2. Las empresas de buses (especialmente rurales, interurbanos y algunos urbanos no subsidiados) deben avisar a las SEREMIS de Transportes (o Seremitt) antes de aplicar alzas en los pasajes, según la normativa vigente en Chile. ¿Qué dice la regulación? El artículo 41 bis del Decreto Supremo N° 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (de 1992, con modificaciones posteriores) establece lo siguiente para los servicios de transporte público remunerado de pasajeros (principalmente buses rurales e interurbanos no regulados por contratos estatales): El valor de la tarifa y cualquier incremento debe comunicarse a la autoridad regional (SEREMI de Transportes) con al menos 30 días corridos de anticipación antes de que entre en vigencia.

Con el mismo plazo, las empresas deben informar a los usuarios mediante medios escritos visibles dentro de los vehículos (letreros o carteles).

La autoridad regional puede reducir ese plazo hasta un mínimo de 15 días, pero no menos.

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