- Francisco Bartolucci Johnston, abogado
No sé si son las que el gobierno propone en el Plan de Seguridad Nacional presentado esta semana al Congreso. No sé si son otras, estas o aquellas; pero sí sé que sin facultades extraordinarias ningún gobierno podrá enfrentar con eficacia el flagelo del crimen organizado y el delito, que de manera tan profunda se ha instalado en nuestra sociedad.
En efecto, la penetración del narcotráfico, la criminalidad organizada y el delito es tan honda y extendida en nuestra sociedad, y su osadía, poder económico y de fuego ha alcanzado tal nivel de peligrosidad, que dificulto que con las actuales herramientas constitucionales y legales se pueda enfrentar y erradicar. Estimo que la tarea de la dirigencia política es concordar un amplio conjunto de medidas extraordinarias y/o facultades de excepción y otorgárselas a los actuales gobernantes que, teniendo la responsabilidad en esta materia, han demostrado la voluntad necesaria para enfrentar con decisión una lacra que está destruyendo las bases mismas de nuestra sociedad.
El 93% de aprobación ciudadana al Plan Cancerbero, puesto en marcha por el gobierno, es una clara señal que la ciudadanía quiere y espera un actuar con mano firme y decidida. Las facultades extraordinarias que debe aprobar y otorgar el Congreso al Presidente y su gobierno no pueden entenderse como un asomo de autoritarismo (dictadura dicen, ridículamente, algunos), sino como una herramienta legal indispensable que se pone en manos de un Presidente y un gobierno que tiene comprobadas credenciales democráticas y que, no tengo duda, ejercerá con firmeza, pero también dentro de la legalidad y con prudencia política.
La hora es ahora, mañana puede ser demasiado tarde. Quienes nieguen en esta materia “la sal y el agua” a los actuales gobernantes tendrán en el futuro que asumir su responsabilidad y la reprobación de la ciudadanía.
