- Osvaldo Urrutia, consejero regional
Las recientes decisiones sobre los dos principales puertos de Chile hacen especialmente pertinente este debate. Mientras el Comité de Ministros confirmó la Resolución de Calificación Ambiental del Terminal 2 de Valparaíso, despejando un obstáculo clave para su ampliación, la Empresa Portuaria San Antonio anunció que licitará por separado las obras de abrigo y los futuros terminales del Puerto Exterior.
Ambas decisiones son técnicamente acertadas y plantean una pregunta que debiera orientar la política portuaria nacional: ¿cuándo necesita realmente Chile que entre en operación el Puerto Exterior de San Antonio?
El desafío es evitar que la demanda del comercio exterior supere la capacidad del sistema portuario. Cuando ello ocurre, disminuye la fluidez de las operaciones, aumentan los tiempos de espera de las naves, se encarece la logística y esos mayores costos terminan afectando a toda la economía. Las exportaciones pierden competitividad y las importaciones llegan al país con mayores costos, encareciendo bienes de consumo, insumos y materias primas.
Pero también sería un error adelantar inversiones públicas de enorme magnitud muchos años antes de que la demanda las haga necesarias. Los recursos del Estado son limitados y tienen un costo de oportunidad. Cada peso que se destina anticipadamente a una obra que aún no se requiere es un peso que deja de invertirse en hospitales, seguridad, infraestructura sanitaria, embalses o ferrocarriles.
Aquí aparece una diferencia fundamental entre ambos proyectos. La ampliación del Puerto de Valparaíso puede ejecutarse mediante una concesión financiada por inversionistas privados, quienes recuperan su inversión durante el período de explotación del terminal. En cambio, el Puerto Exterior de San Antonio requiere primero una cuantiosa inversión estatal para construir las obras de abrigo. Sólo después corresponde licitar la construcción y operación de los sitios de atraque, las áreas de respaldo, los dragados y el equipamiento portuario.
La reciente decisión de separar ambos procesos confirma precisamente esa lógica.
Valparaíso y San Antonio no son proyectos rivales, sino complementarios. Si la ampliación de Valparaíso es capaz de absorber la demanda proyectada durante los próximos años mediante inversión privada, parece razonable avanzar primero en esa dirección, mientras el Estado ejecuta las obras habilitantes que permitirán desarrollar el Puerto Exterior cuando la demanda realmente lo exija.
Considerando los montos involucrados, no basta con decidir qué infraestructura portuaria estratégica construir. También es indispensable determinar cuál es el momento óptimo para construirla.
