- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Sin avanzar en nada en los grandes temas nacionales que esperan por largos años (constitución militar, modelo socioeconómico neoliberal, el mercado sobre el estado) ni en los problemas inmediatos de las mayorías populares (pobreza, desigualdad, cesantía, inflación, salarios) este gobierno se encuentra empecinado en agraviar, humillar y tratar de destruir a jóvenes y adolescentes que no comparten sus propósitos de otro tiempo.
La actual administración fue elegida democráticamente, pero en lugar de buscar soluciones a aquellas adversidades que angustian a la población, se ha obsesionado en identificar a sus principales opositores que son precoces compatriotas que recién se asoman a la vida y ha embestido en su contra en forma implacable, lo que se aprecia con preocupación aun desde el extranjero.
Perseguidos y acosados los jóvenes afectados no están dispuestos al despojo de sus derechos a crecer y desarrollarse libres de presiones, amenazas y castigos que más parecen un resabio de la dictadura o una evocación de los 17 años de horror del régimen pinochetista.
El recorte presupuestario del ministerio de Educación constituye una de las preocupaciones centrales. Ello significa que habrá menos profesores en las aulas, menos asistentes sociales y menos psicólogos, en circunstancias que lo que se necesita cada día es un mayor número de estos profesionales.
Está el tema de los embargos a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) – que incluye casas y automóviles, ante lo cual ha vuelto al primer plano el ex presidente Gabriel Boric. En sus redes sociales Boric ha denunciado que “a esos deudores les están vaciando las cuentas corrientes intempestivamente, generando graves situaciones de crisis en las economías familiares”.
También aparece el “registro de vándalos” destinado a terminar con las masivas manifestaciones juveniles por la aplicación a rajatabla de un modelo injusto y arbitrario. A estos supuestos “vándalos” no se sabe quién los va a imputar y con qué facultades, lo que significará que se les estará arrebatando sus derechos sociales y los beneficios que les corresponde al seguir estudiando. Asimismo, se incluye la prohibición para ingresar a los estadios.
Aunque la violencia escolar no es más que un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, este gobierno de extrema derecha pretende demonizar a los estudiantes. Intenta satanizarlos y los hace responsables de todas las calamidades que se registran en el país sometido a un régimen en que hay corrupción y en que lo que viene es una lotería.
La Moneda, en la actualidad conservadora, no repara en que los jóvenes son blanco de lacras como la desigualdad, la discriminación y las injusticias, y muchos de ellos deben ganarse la vida en cualquier cosa pese a tener un título profesional obtenido con esfuerzo y sacrificio. Cientos de miles de ellos, a la vez, nunca han tenido la oportunidad de nada y hoy no estudian ni trabajan. Es la violencia neoliberal que se manifiesta a diario.
Para este régimen no hay soluciones porque es más fácil enviar al Congreso el proyecto de “escuelas protegidas”, que incluye la revisión de mochilas a los alumnos y el uso de detectores de metales en los colegios. Salir a marchar en una protesta callejera puede llegar a ser considerado como una razón de expulsión. Claramente se les está quitando la libertad de expresión.
Lo que se está viviendo en los establecimientos educacionales es un problema social, de salud mental, de infraestructura, de oportunidades. Merece mucho más que un régimen punitivo o represivo, eso es, comenzar a abordar progresivamente cambios sociales de fondo que lleven certidumbre, credibilidad y confianza a todo el país.
Acometer desde todos los ámbitos contra quienes constituyen el futuro de Chile no se justifica ni es aconsejable. Está el precedente de que grupos de liceanos que protestaban por el alza del Metro, en Santiago, fueron el punto de partida del memorable estallido social de 2019.
Coincidencia o no, la adhesión de la gente al presidente José Kast está llegando a sus niveles más bajos desde que asumió la presidencia: según Pulso Ciudadano la desaprobación a su mandato alcanza hoy al 56,7%.
