- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
La fuerza del pueblo ha vuelto a dejarse sentir con su inquebrantable entereza, lo que significa que están saliendo a la calle trabajadores y estudiantes con el objetivo de exigir a la autoridad gubernamental de ultraderecha las necesarias condiciones de bienestar, justicia y dignidad.
“No a los recortes presupuestarios” es la demanda central que surge como una sola voz desde los distintos sectores, en momentos en que se inicia en el Parlamento el debate por el presupuesto nacional del próximo año según el proyecto enviado por el Ejecutivo.
Las movilizaciones populares se producen esta vez en vísperas del séptimo aniversario de un acontecimiento tan significativo como fue el estallido social, multitudinario movimiento de pobres y menos pobres que descolocó a los poderosos y provocó admiración en el mundo.
Durante el estallido los propósitos apuntaron en favor de cambios de la maquinaria reaccionaria dejada por la dictadura: la Constitución pinochetista, el modelo económico neoliberal y el predominio del mercado operado por unos pocos sobre el Estado, tareas que se encuentran por ahora pendientes.
Los desaciertos del actual gobierno determinan que la gente salga de nuevo a las calles, cuando se ve menospreciada y sin ser tomada en cuenta. Mientras se llena de privilegios a los ricos y se rebajan los impuestos a los propietarios de grandes empresas, se pone en marcha un sistema draconiano para reducir el gasto social.
Trabajadores de la Confusam y profesionales de la Confedeprus marcharon ante el Congreso reafirmando su apoyo a la salud pública, seriamente afectada por la disminución de recursos. En realidad, en lugar de ello se requiere un aumento sustancial del per cápita para la atención primaria de salud, para el pronto término de las listas de espera en los hospitales públicos y para la atención general que se brinda a la comunidad: hay falta de inversión, proyectos que se han detenido, no hay insumos, se ha reducido la contratación de reemplazos, etc.
No menor es el problema es el sector educacional, poder básico para el progreso y desarrollo de la nación y clave fundamental para la formación de los niños. Sin embargo, a la extrema derecha ello no le interesa porque no produce ganancias ni utilidades para los dueños de Chile. Los recortes han llegado a eliminar el programa “yo elijo mi PC”, que favorecía a niños pertenecientes a familias vulnerables.
Por la educación se han manifestado el Colegio de Profesores y el estudiantado de la Confech, contando con el apoyo de la CUT y organizaciones afines. Está la idea generalizada de que la educación pública está amenazada, corre peligro y solo las movilizaciones masivas pueden ponerla a salvo.
La ciudadanía ha señalado que entiende que la educación y la cultura no son importantes para este gobierno. Aunque se ha anunciado que se mantendrán los derechos ya adquiridos ello no es suficiente, porque significa no seguir avanzando y ello no representa más que una continuidad que los que vienen asomando no pueden aceptar.
Claramente la educación ya tiene severas restricciones. Los afectados no solamente dicen ni un peso menos, sino que todos los días se necesitan recursos frescos para que la educación pública pueda seguir sobreviviendo y para evitar que quede estancada.
El Colegio de Profesores llevó a cabo una caminata de tres días por la ruta 68 y sus dirigentes llegaron hasta el Congreso en Valparaíso para denunciar lo sucedido, que pareciera irreal. Hoy no solo está afectado el personal docente, sino que también los beneficios que corresponden a los estudiantes.
La educación es primordial y no un negocio que forme parte del mercado, lo que en algún momento debe entender el gobierno. Las movilizaciones de trabajadores y estudiantes deben continuar para asegurar que es un derecho garantizado por el Estado, sin recortes ni reducciones que solo provocan la indignación popular, precarizan el sistema educacional público y amenazan con su desaparición.
