- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
En la medida que persista la desigualdad social y económica que todos los días sufren millones de chilenos – en especial la multitud de pobres – sin que se le enfrente y combata como es debido, es difícil que llegue a prosperar el plan de seguridad pública dado a conocer por el actual gobierno de extrema derecha.
Se trata de un flagelo abyecto que ha existido siempre en Chile pero que se agudizó fuertemente desde la dictadura, cuando el pinochetismo abrió las puertas del Estado y permitió que éste fuera saqueado por poderosos que se apropiaron de sus industrias, empresas y servicios para seguir acrecentando sus inmensas fortunas.
Leña sobre la hoguera: la derecha acaba de impedir en el Senado el levantamiento del secreto bancario, lo que favorece a los delincuentes de cuello y corbata que actúan con impunidad. No se sabe que atesoren dinerales en los bancos la gente que vive en campamentos de tránsito ni la que tiene que ejercer el comercio ambulante, y tampoco los pobres, los cesantes y los endeudados.
La desigualdad permanece instalada a sangre y fuego en el país. Mantiene secuestrada a la población y nadie ha podido alejarla pese a los esfuerzos de mucha gente que al paso de los años ha aspirado a una democracia justa, solidaria y participativa sin abusos ni mezquindades.
En estas circunstancias fue derrocado el gobierno popular Salvador Allende que hizo cuanto pudo por empezar a emparejar la cancha y mejorar las condiciones de vida del pueblo y la clase trabajadora. Se lo impidieron la oligarquía criolla y el imperialismo yanqui por medio de las fuerzas armadas golpistas hábilmente utilizadas para trepar al poder.
Los gobiernos que siguieron a la dictadura nunca movieron un dedo para cambiar el panorama. Se limitaron a acomodarse al modelo neoliberal y aceptar que Chile pasará a ser considerado uno de los países más desiguales del mundo.
Por el poder del dinero que una minoría acumula solapadamente aquí solo destacan y triunfan aquellos que suman patrimonios aprovechando los privilegios que les otorga el sistema. Son despreciados el talento, los merecimientos y la capacidad personal de quienes forman parte del pueblo marginado que no es tomado en cuenta salvo para su explotación.
Los dueños de Chile tienen hoy su propio gobierno inspirado en el pinochetismo, pleno de discriminaciones y desigualdades. Desde La moneda solo se gobierna en este tiempo en favor de los amigos y cercanos, esto es, de la oligarquía y la plutocracia. El ejemplo más inmediato es la rebaja de impuestos para el pequeño segmento de súper ricos: la medida beneficia a 1.500 todopoderosos, con quienes el Ejecutivo tenía este compromiso.
A mediados de la década pasada se hablaba de establecer un impuesto a los súper ricos, como primera medida para reducir en alguna medida tanta desigualdad. Sin embargo, la casta política tradicional dejó de lado esa aspiración popular. En estos días el presidente suele defender la disminución del impuesto corporativo y agradece al mundo privado (no se sabe qué).
El mundo privado es el que mantiene en alto la concentración económica desde donde se impone el modelo que se aplica en el país. Desde allí los grandes grupos empresariales cansados de ganar dinero en Chile inician periódicamente negocios en el extranjero para acrecentar sus utilidades, sin que les importe pagar sueldos menores o despedir a empleados con frecuencia.
La seguridad no funciona, menos en un régimen pinochetista como el actual. En los pocos meses de esta administración vienen ocurriendo hechos de una violencia inusitada que no se conocía: en la Región Metropolitana un ex presidente del Tribunal Constitucional en legítima defensa disparó y dio muerte a un niño de 14 años, miembro de la banda de asaltantes; en Valparaíso dos mujeres jóvenes – de 19 y 20 años de edad – perdieron la vida en una infernal balacera en Rodelillo , y en el interior de una parroquia de Rancagua un hombre de 27 años quedó herido de gravedad cuando pistoleros dispararon en su contra en una misa en memoria de su madre asesinada hace un mes.
El ministro de Seguridad ha presentado ante el Senado una hoja de ruta que incluye modernizar las policías, la intervención de barrios y la construcción de más cárceles, junto con más de 60 medidas y 26 proyectos de ley. No obstante, si antes de la ejecución de este programa no se abordan con seriedad los problemas sociales y económicos que afectan al pueblo y no se comienza a trabajar por una equitativa distribución de la riqueza nacional, la delincuencia – como hasta ahora – continuará ganando terreno en la sociedad chilena.
