- Raimundo Palamara Stewart, Abogado, Presidente Fundación Fuerza Ciudadana
La acusación de Rodrigo Mundaca contra Manuel Millones por una supuesta “usurpación de funciones” carece de sustento jurídico y revela un problema más profundo: el gobernador confunde las atribuciones del cargo con una disputa por mayor protagonismo.
Vale aclarar que Manuel Millones es el representante natural e inmediato del Presidente de la República y ejerce la coordinación regional del Gobierno. Ambas autoridades poseen competencias propias. Rodrigo Mundaca, en cambio, es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional y representa judicial y extrajudicialmente a ese organismo. La ley exige que colaboren; el ego de Mundaca pretende antojadizamente convertir esa colaboración en subordinación.
La Ley Nº 19.175 que regula la Administración y el Gobierno Regional es clara: su artículo 2 ordena al delegado presidencial regional ejercer la coordinación de los servicios públicos que operen en la región; le ordena hacer presente a la autoridad competente del nivel central -en coordinación y en conjunto con el gobernador regional-, las necesidades de la región. Y, le exige: Adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe.
Todos estos datos normativos destruyen totalmente el relato de Mundaca.
Por lo que tanto el Delegado como el Gobernador tienen la obligación de trabajar coordinadamente para responder a las necesidades de la región. Por lo que convocarlo para ello no constituye usurpación, sino solo ejercer el cargo, lo que al parecer Mundaca desconoce.
Es cierto que Mundaca dirige la elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y es quien presente la propuesta del presupuesto. Pero no actúa solo, ya que el ARI también incorpora las inversiones de ministerios y servicios públicos que dependen del Gobierno central. Y es la razón que debe trabajar conjuntamente con los otros sectores que conforman la estructura administrativa del Gran Valparaíso.
La propia administración regional reconoció, durante la aprobación del ARI 2026, que los $120 mil millones solicitados para el GORE representaban aproximadamente el 4,47% del presupuesto global del Estado proyectado para Valparaíso. El 95,53% restante, equivalente a cerca de $2,565 billones, correspondía principalmente a ministerios, servicios y otros organismos públicos. Es decir, el Gobernador lo único que hace solo es la presentación de la propuesta del presupuesto a la Dipres, para lo demás debe obrar en equipo.
Millones ejerció precisamente esa función al convocar al gobernador para defender el presupuesto regional. Mundaca -sorprendentemente para la ciudadanía- respondió denunciándolo ante la Contraloría. Uno cumplió el mandato de coordinar; el otro transformó esa invitación en una disputa por su ego.
La insistencia del Gobernador ya resulta difícil de atribuir a un simple error, dado que su discurso exhibe una lectura deliberadamente selectiva de la Ley. Sus asesores parecen citarle únicamente las disposiciones que agrandan su cargo y omiten aquellas que reconocen las atribuciones del Delegado y las que obligan a ambas autoridades a trabajar conjuntamente. Por lo que aquí se debería ir más allá del egoísmo de cada autoridad y que solo empobrece el debate y a la región.
La reacción de Mundaca resulta todavía más impropia porque la administración que encabeza mantiene asuntos concretos que responder ante la propia Contraloría. El Informe Final N.º 152-2025, de 14 de abril de 2026, constató graves deficiencias en el control de transferencias y recursos públicos, dispuso la sustanciación de un sumario administrativo y remitió antecedentes a la Fiscalía Regional para que determine si existen hechos que revistan caracteres de delito.
Cuando desde Fundación Fuerza Ciudadana que presido, revelamos estos antecedentes, Mundaca intentó amedrentar, jactándose públicamente de que se reservaba el ejercicio de acciones judiciales en mi contra. Ese anuncio no respondió una sola observación efectuada por Contraloría, ni explicó el destino real de los recursos cuestionados. Solo buscó mantener intacta su amor propio.
Todo lo cual retrata a una autoridad que no agradece, sino que persigue a quien le tiende la mano o a quien le señala las falencias de su gestión. Y, desde esta premisa se entiende por qué carece de asesores que le enseñen la Ley y solo mantiene colaboradores que alimenten su gran autoestima.
