- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Los sucesivos operativos policiales contra sectores desposeídos sólo contribuyen a opacar los días finales del actual gobierno, en medio de la desesperanza de quienes no tienen la suerte de poseer recursos económicos que les permitan ponerse de pie en un modelo socioeconómico injusto en que lo único que cuenta para ser considerado es la acumulación de dinero.
La dura embestida que se produce contra los comerciantes ambulantes y las familias que viven en campamentos de tránsito, entre otros, permanentemente acosados y bajo amenazas, solo puede derivar en más delincuencia que se sume a los ya elevados niveles de oscuros acontecimientos que cada día se agregan impunemente a la nutrida crónica roja.
El modelo neoliberal impuesto por la dictadura no acepta, discrimina y rechaza a los pobres y menos pobres, desgracia que se prolonga hasta ahora sin que la casta política decadente haya movido un dedo para terminar con esta penosa situación.
Aunque los informes oficiales indiquen que en los últimos años cerca de 600 mil personas salieron de la pobreza, principalmente por el reajuste del salario mínimo y la entrega de bonos y subsidios por parte del gobierno, hay quienes no entienden esa cifra. En tal sentido se recuerda que no hay oportunidades, faltan puestos de trabajo, la inflación sigue muy elevada y en muchas partes los presupuestos hogareños no alcanzan a cubrir todo el mes.
En Chile subsisten millones de pobres, gran parte de ellos sin casa y sin trabajo, y se agregan alrededor de 25 mil personas en situación de calle y un número creciente de damnificados por diversas circunstancias. En este país los damnificados constituyen una institución nacional, de manera infaltable.
Los pobres en Chile no tienen destino, se les discrimina y se les agravia. Cuando intentan reclamar por las injusticias en su contra, los poderosos hacen uso de sus numerosos medios de comunicación para motejarlos de antisociales, violentistas y delincuentes. No se les perdona que intenten ocupar espacios públicos. El mundo desvalido no consigue nada con protestar ni tratar de hacer valer su derecho a una vida digna y sin sobresaltos. Para erradicar a los ambulantes es necesario encontrar un espacio físico donde este grupo, que requiere generar recursos para alimentar a sus familiares, pueda transitar desde la economía informal a la formal.
La erradicación de 2 millones de vendedores callejeros que repletan el centro de las principales ciudades del país es una medida que corresponde a una sociedad democrática que los lleve a otros sectores, se proceda a su reubicación y se les permita una vida tranquila. Está también la posibilidad de ofrecerles un trabajo estable, que es lo que necesita con urgencia mucha gente en Chile, por el contrario, se les intenta desalojar con la violencia habitual con las fuerzas especiales de carabineros.
Es lo que ha ocurrido en el Área Metropolitana y concretamente en el barrio Meiggs, en el límite de las comunas de Santiago y Estación Central, donde un piquete policial ha arremetido contra más de un millar de toldos azules que caracterizan el trabajo de los informales. Hay autoridades comunales que bajo la presión de adinerados mercaderes creen que su función prioritaria es la eliminación total del llamado comercio irregular.
En Viña del Mar, en tanto, este verano se puso en marcha un nuevo marco sancionatorio que multa no solo a los vendedores ambulantes desprotegidos sino también al público que les compra. La multa puede llegar a 5 UTM, esto es más de 350 mil pesos para quienes compren en la calle artículos a bajo costo, o un valor más conveniente que en los grandes negocios establecidos.
Desde la municipalidad viñamarina se dice que el objetivo es cerrar el ciclo del comercio informal, en el sentido que no es solo la oferta sino también la demanda la que mantiene un ciclo permanente. Se añade que “los ambulantes dañan nuestra oferta turística”, en momentos en que en la actual estación veraniega miles y miles de visitantes llegan a la ciudad jardín.
En Chile no solo faltan puestos de trabajo, sino también viviendas. Por eso 500 mil personas habitan contra su voluntad en campamentos de tránsito a lo largo de todo el país, principalmente en la Región de Valparaíso. Lo hacen con frecuencia en condiciones inhumanas, muchas veces sin servicios básicos vitales y sin protección alguna.
Este problema sin solución ha llegado a judicializarse y las Cortes de Apelaciones vienen recibiendo reiteradas denuncias por la ocupación de terrenos. Últimamente se ha efectuado por la fuerza el desalojo de la mega toma del cerro Centinela, en San Antonio, donde se habían instalado más de 10 mil hombres y mujeres que carecen de vivienda. De nuevo hubo allí severos enfrentamientos que dejaron detenidos, lesionados y una sensación de injusticia propia del modelo de desigualdades. La gran mayoría salió de allí sin tener dónde dirigirse y hubo quienes dieron un paso más hacia la delincuencia.
Sometidas a un modelo injusto y en la incerteza de lo que viene, las clases populares claman por un sistema democrático en que todas las familias empobrecidas puedan contar con mejores condiciones hoy y con un futuro de bienestar y desarrollo, lo cual en estos momentos aparece como una quimera inalcanzable.
