- Nicolás Farfán Vega, sociólogo, máster Universidad Complutense de Madrid
La discusión sobre las rebajas de condenas a agresores sexuales de menores – que se reveló este mes tras la firma de 56 decretos que efectuó el Ministerio de Justicia, que hizo efectivo el beneficio a condenados abuso sexual y violación de niños -, no puede reducirse a una controversia jurídica ni a una disputa política. Detrás de cada resolución hay una pregunta más profunda: ¿es capaz realmente el Estado de proteger y castigar?
Mientras las víctimas intentan reconstruir sus vidas y convivir con las secuelas del abuso, el Estado permite que 18 condenados en la región de Valparaíso y 56 a nivel nacional (29 por violación y 27 por abuso sexual) accedan a rebajas de condena. Ninguna decisión institucional debería relegar la dignidad, la seguridad, la reparación y el legítimo castigo a un segundo plano.
Con esto el Estado genera tres fracturas sociales: La primera es la revictimización institucional. Una persona que sufrió abuso sexual —especialmente en la infancia— puede pasar años intentando reconstruir su vida sin lograr hacerlo. Denunciar, declarar y enfrentar un proceso judicial exige un enorme esfuerzo emocional, y cuando se entera de que su agresor podría salir antes de lo esperado, siente que el Estado vuelve a ignorar su sufrimiento. La justicia debería representar un reconocimiento del daño, no el comienzo de una nueva incertidumbre.
La segunda es la pérdida de legitimidad de la justicia. Las instituciones necesitan algo más que procedimientos: deben transmitir coherencia, responsabilidad y compromiso con quienes han sido vulnerados. Cuando las decisiones sobre las condenas parecen desconectadas de la gravedad del daño causado, se debilita la confianza ciudadana en el país. El propio Presidente terminó reconociendo que otorgar estas rebajas fue un error. La protección de la infancia no puede quedarse en declaraciones mientras las víctimas sienten que su dolor pierde relevancia frente a las decisiones administrativas.
La tercera es la sensación de desprotección. Si las víctimas no reciben información oportuna, acompañamiento ni medidas de seguridad cuando corresponde, el Estado termina trasladándoles una carga que no deberían enfrentar solas. En la región de Valparaíso, los 18 condenados quedaron en libertad sin que sus víctimas fueran notificadas. La responsabilidad pública no concluye con una sentencia: debe continuar mientras existan necesidades de protección y reparación.
En ciudades como Valparaíso, y aún más en localidades pequeñas, las personas comparten espacios cotidianos lo que aumenta la posibilidad de encontrarse con el agresor. Se instala miedo, se modifican las rutinas y se cambia la calidad de vida de las personas que tienen que ser protegidas.
Así, el espacio público deja de sentirse seguro y la libertad recuperada por el condenado se traduce en que la víctima pierde la suya, convirtiéndola —como advertía Nils Christie— en espectadora de su propio dolor.
¿Qué hacer? El problema de fondo es la confianza en el Estado para proteger, en el vínculo básico del pacto social y en el castigo como reparador del delito. Quizás deberíamos dejar de tratar delitos inhumanos como la violación de niños con tanta humanidad y al menos sancionarlos con presidio perpetuo calificado, asegurando que la vida destruida de la víctima tenga una contraparte de toda una vida en prisión.
Una sociedad democrática se mide por la solidez de sus instituciones, pero también por su capacidad de proteger a quienes han sido vulnerados.
