- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Los hechos de violencia que ocurren hoy en Chile tienen antecedentes que la memoria colectiva no olvida porque en el pasado reciente afectaron de manera directa e irrecuperable a miles y miles de compatriotas – muchos de los cuales murieron – y quedaron marcados a fuego en la historia patria ante el estupor del mundo entero.
La situación registrada en una universidad del sur ocasionada por la presencia de una funcionaria del actual gobierno solo refleja que las profundas heridas provocadas por la dictadura en el alma nacional nunca fueron cerradas y pareciera que se reabren en determinados momentos en busca de una sanción definitiva.
En estos días han soplado vientos violentistas impulsados por estudiantes – sin muertes, desaparecidos ni torturados – que apuntan a esta administración identificada con la dictadura que encabeza un presidente pinochetista y en cuyo gabinete hay dos ministros abogados que asumieron en otra época la defensa del dictador, porque claramente hay cuentas pendientes que nunca se cancelaron.
Hace medio siglo a quienes pensaban distinto a la “autoridad” no se les insultaba agraviaba o empujaba, sino que sin juicio ni otros impedimentos, simplemente se les asesinaba, se les fusilaba, se les degollaba o quemaba vivos o se les aplicaba la llamada ley de fuga para dispararles por la espalda, sin que sus restos aparecieran jamás.
En innumerables casos la impunidad encubrió estos delitos de lesa humanidad y hasta en los gobiernos civiles que vinieron después no hubo mayor interés por condenarlos y sancionarlos. Incluso una vez un político “socialista” que estaba en la presidencia decidió mantener 50 años impunes a los hechores uniformados a través de un informe que había ordenado elaborar.
Han pasado los años y han transcurrido la vida y los acontecimientos, han cambiado los nombres de los protagonistas y los de ayer no son los mismos que los de hoy, pero las posiciones ideológicas se mantienen y son muchos los que faltan en sus hogares y en sus familias injustificadamente. La ciudadanía, en especial los jóvenes que no se explican lo sucedido, necesitan al menos una palabra sensata e indicios de justicia efectiva.
En lugar de ello se ha recibido la noticia de que los autores de tantos crímenes y torturas se aprontan a salir en libertad desde Punta Peuco donde han permanecido recluidos por algún tiempo. Haciendo uso de un lenguaje envolvente, hay quienes atribuyen merecimientos a criminales prolongando su impunidad.
A estas alturas no se puede llegar a la validación de la violencia de algunos, principalmente estudiantes, pero tampoco se puede desconocer el dolor de mucha gente por la pérdida de sus seres queridos. Más aún si ahora se sabe que los que provocaron esta tragedia se aprontan a volver sin cargos en su contra a sus respectivos domicilios.
Las actuales autoridades alejadas de la realidad que viven los pobres que fueron víctimas de una guerra inexistente, no pueden hoy abrir las puertas de la cárcel para liderar a feroces criminales y torturadores. Junto con ocasionar una nueva baja en su adhesión en las encuestas de opinión pública, ello provocaría otra profunda herida en el alma de la sociedad chilena golpeada con saña una y otra vez.
Los golpes de la violencia han dañado severamente a la comunidad nacional, con efectos que son irrecuperables o han privado a las víctimas del tipo de vida, trabajo u otra actividad a la que aspiraban. De ello se han dado cuenta tardíamente algunos personajes que no han sabido ubicarse con precisión como lo hacen los estudiantes universitarios y liceanos.
Los jóvenes lo tienen muy claro: señalan que “es importante posicionarnos ante este gobierno, que niega las violaciones de los derechos humanos”. La violación, como el crimen organizado, son armas propias de la dictadura. En esas lacras basó su poderío la tiranía pinochetista, que arremetió contra el pueblo y destruyó sus aspiraciones, sus expectativas y sus afanes de superación con destino a mejores condiciones de vida y expectativas a futuro.
Como parte de su gestión negacionista el actual régimen de ultraderecha trata de llevar las cosas a otro lado. Embiste contra la violencia en los colegios y pide ayuda a las bancadas parlamentarias del Congreso para lograr apoyo a sus propuestas legislativas presentadas contra la violencia al interior de los recintos educacionales.
Más allá del anuncio de término de la gratitud universitaria, como se pide desde la derecha, la propuesta central se llama “escuelas protegidas” y consiste principalmente en la revisión de mochilas y bolsos de los alumnos al llegar a clases. Es una iniciativa pobre que no aporta nada, ha replicado el Colegio de Profesores, conjuntamente con otros gremios e instituciones del sector.
Del gobierno no ha habido una sola palabra sobre las grandes demandas del estudiantado de norte a sur del país: olvidarse del negacionismo, reconocer la violación de los derechos humanos durante la dictadura – y el estallido social – y dejar de lado la premiación consistente en libertad para los hechores. Eso es lo que requiere una pronta respuesta gubernamental.
