19 de mayo de 2026 12:02
  • Hugo Alcayaga Brisso, periodista

La ley de fuga fue uno de los tantos falaces argumentos que empleó la dictadura para tratar de justificar ante la ciudadanía sus alevosos asesinatos, según la memoria colectiva que recuerda que acaban de cumplirse 52 años de uno de los casos más dramáticos ocurridos en la zona interior de la Región de Valparaíso.

Desde el inicio de ese tiempo de terror el dictador había declarado la guerra al pueblo y ello se manifestaba a través de una feroz acometida contra la dirigencia de los partidos que habían constituido el gobierno de la Unidad Popular, principalmente el PS y el PC, además del MIR y sus más destacados militantes sumados al programa en favor de las clases postergadas.

Era también el comienzo del crimen organizado, bien planificado, perfectamente bien ejecutado y sin descuidar detalles, contando con la complicidad de los medios de la oligarquía que publicaban patrañas para desinformar a la población.

El sábado 20 de enero de 1974 los diarios mercuriales como siempre serviles a la dictadura y en cumplimiento de las órdenes militares resaltaban a todo lo ancho de la portada: “Aplican ley de fuga a 7 peligrosos extremistas. Pretendían escapar tras cometer acciones terroristas. Los hechos ocurrieron en Quillota”.

Como ha sido y es habitual, la prensa oligárquica distorsionaba los acontecimientos. Efectivamente las víctimas eran 7 pero no se trataba de extremistas ni terroristas, sino que de militantes del Partido Socialista que habían sido efectivos colaboradores del gobierno popular y cuya detención por parte de los “servicios de seguridad” se había producido sin justificación alguna.

En el grupo se encontraba el alcalde de Quillota, Pablo Gac, ampliamente reconocido y que gozaba de prestigio en la comunidad. Con ocasión del paro patronal de octubre de 1972, Gac había resaltado en la zona por su trabajo para asegurar el abastecimiento de productos vitales para la población.

También estaba allí el abogado Rubén Cabezas, meritorio profesional que prestaba servicios a la CORA, Corporación de la Reforma Agraria. Con frecuencia Cabezas alegaba en la Corte de Apelaciones de Valparaíso utilizando sólidos argumentos en favor de la entrega de tierras al campesinado de las zonas rurales de la región.

Los otros 5 eran funcionarios municipales o trabajadores de distintos servicios públicos. Su militancia en el Partido Socialista daba cuenta de su labor destinada  a mejorar las condiciones de vida de los sectores populares en que se hallaba comprometido el gobierno. El PS era en esos momentos pilar fundamental de la administración de Allende.

En esta ocasión la ley de fuga, como ocurría en distintos lugares y circunstancias, fue solo un pretexto. Todos los integrantes del citado grupo fueron fusilados en el trayecto del regimiento de Quillota a la sede de los tribunales en esa ciudad, a sangre fría y sin que nunca se supiera con certeza los cargos que presuntamente  habrían originado las detenciones.

De la ejecución de todo ello dio cuenta el Informe Rettig, instancia constituida luego de la expulsión de los jerarcas militares de La Moneda. En el citado informe se detallan con nombres, apellidos y fechas numerosos casos de violación de los derechos humanos de los disidentes.

Los cuerpos acribillados de Gac, Cabezas y acompañantes quedaron en algún lugar que fue oculto con presteza y habilidad. Sus nombres se sumaron a la larga lista – alrededor de un millar de personas – de detenidos desaparecidos durante la tiranía pinochetista.

Jamás se supo de parte de los militares que asesinaban con tanta naturalidad, alguna palabra de arrepentimiento. De los que ahora están en el penal de Punta Peuco solo se sabe que  se sumaron al pacto de silencio que dejó instalado  el capitán general genocida.

La infamante “ley” fue ocupada una y otra vez por los golpistas para dar la impresión de que los detenidos habían tratado de escapar y se había tenido que disparar en su contra. El fusilamiento de las víctimas se produjo sin juicio previo y lo ocurrido quedó cubierto por la impunidad.

Pese a los esfuerzos de familiares y amigos que han trabajado incesantemente en su búsqueda los restos de estos valiosos militantes socialistas de otrora nunca han podido ser encontrados.

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