- Christian Lucero, abogado
Las imágenes son elocuentes: personas bañándose, familias instaladas en la arena, carpas montadas frente al mar. Todo parece una escena veraniega más del borde costero porteño. Sin embargo, lo que ahí ocurre no es un uso legítimo del espacio, sino la ocupación irregular de un área que cuenta con concesión marítima vigente y señalizada.
El sector ubicado junto a la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso no es una playa pública. Está amparado por la Concesión Marítima N.º 552 del año 2017 y, de manera expresa y visible en terreno, por una nueva concesión otorgada mediante el Decreto Supremo N.º 37 del año 2022, que comprende terreno de playa y fondo de mar, con fines académicos, científicos y de protección ambiental.
No se trata de una interpretación. El cartel instalado en el lugar lo dice con claridad. Aun así, el espacio es utilizado de forma reiterada como balneario informal, con ingreso de bañistas, instalación de personas, carpas y actividades recreativas completamente ajenas al objeto de la concesión.
Este no es un detalle menor. En Chile, el borde costero es un bien nacional de uso público cuya administración está sujeta a reglas estrictas. Cuando el Estado otorga una concesión marítima, delimita usos permitidos y excluye otros. En este caso, el uso recreativo simplemente no está autorizado.
A ello se suma un aspecto aún más grave: el área constituye un espacio ambientalmente sensible, con presencia de aves costeras y biodiversidad marina, cuya protección es coherente con el rol que cumple una facultad universitaria dedicada a las ciencias del mar. La ocupación masiva, el ruido y la intervención constante del entorno afectan directamente ese ecosistema, vulnerando el principio preventivo que rige en materia ambiental.
La señalización existe. La concesión está vigente. Las imágenes muestran el incumplimiento.
Lo que no se observa es fiscalización efectiva.
Aquí no hay un conflicto entre ciudadanía y academia, ni entre acceso al mar y conocimiento científico. Hay algo más simple y preocupante: la normalización del uso ilegal de un espacio protegido, bajo la lógica de que “si nadie controla, entonces está permitido”.
Pero el derecho es claro: la concesión marítima produce efectos jurídicos obligatorios, el desconocimiento no excusa el incumplimiento, y la falta de control no convierte lo ilegal en legal.
Valparaíso no necesita más discursos sobre sustentabilidad mientras tolera la ocupación irregular de áreas que el propio Estado decidió proteger. Necesita coherencia, fiscalización y respeto por los actos administrativos que hoy se ignoran a plena luz del día.
Porque cuando una zona protegida se transforma de facto en balneario, no gana la comunidad: pierde el ecosistema, pierde la investigación científica, y se debilita el respeto por lo público.
