- Osvaldo Urrutia, consejero regional
El pasado 4 de mayo, el Consejo Regional aprobó finalmente la designación del Jefe de la Unidad de Control del Gobierno Regional de Valparaíso, poniendo término a un proceso tan extenso como inexplicable.
La situación es particularmente grave si se considera que el Gobernador Regional asumió sus funciones el 14 de julio de 2021 recibiendo una institución que ya debía contar con dicha unidad, conforme al artículo 68 quinquies de la Ley 19.175, que obliga a los gobiernos regionales a disponer de una Unidad de Control encargada de fiscalizar la legalidad de sus actuaciones y controlar su ejecución financiera y presupuestaria.
Sin embargo, el primer concurso recién fue convocado el 30 de enero de 2023. Ese proceso fue declarado desierto pese a existir postulantes suficientes y haberse presentado una terna al Gobernador Regional para efectuar la designación.
El segundo concurso, iniciado en septiembre de 2023, terminó de manera aún más preocupante. Nuevamente existió una terna y nuevamente el proceso fracasó. Esta vez, tras más de cinco meses de demora en adoptar una decisión, el postulante escogido informó que ya había aceptado otro empleo y no estaba disponible para asumir el cargo.
Posteriormente se desarrollaron un tercer y cuarto concurso antes de lograr finalmente la aprobación del nombramiento. En otras palabras, el Gobierno Regional de Valparaíso estuvo prácticamente cinco años sin una jefatura titular en una unidad esencial para el control interno, la auditoría y la fiscalización administrativa.
Y es importante subrayarlo: los procesos no fracasaron por falta de profesionales idóneos. Existieron postulantes con experiencia, conocimientos y competencias técnicas suficientes para desempeñar el cargo. El problema, por tanto, no estuvo en la oferta de candidatos, sino en la incapacidad institucional para resolver oportunamente una designación crítica.
La Unidad de Control no es un simple departamento administrativo. Es uno de los principales resguardos internos frente a errores, irregularidades, desviaciones presupuestarias o eventuales faltas a la probidad. Debilitarla o mantenerla acéfala durante años transmite una señal profundamente equivocada en tiempos donde la ciudadanía exige más transparencia y mayor responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Porque cuando el control se posterga durante años, lo que finalmente se deteriora no es solo la gestión. También se erosiona la confianza pública en las instituciones.
