Christian Lucero | Abogado
La decisión de la Tesorería General de la República de embargar cuentas bancarias para recuperar deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) ha abierto una discusión que va mucho más allá del financiamiento universitario. Lo que está en juego es hasta dónde puede llegar el Estado cuando ejerce su facultad de cobrar.
Nadie discute que las deudas deben pagarse ni que el Fisco tiene derecho a recuperar los recursos públicos comprometidos. Pero una cosa es cobrar una obligación y otra muy distinta es retirar la totalidad de los fondos de una cuenta bancaria sin distinguir si corresponden al sueldo con que una persona debe vivir, alimentarse y sostener a su familia.
Nuestra legislación protege las remuneraciones. El artículo 57 del Código del Trabajo establece su inembargabilidad, con las excepciones y límites que contempla la propia ley. ¿Puede esa protección desaparecer simplemente porque el sueldo fue depositado en una cuenta bancaria? La Corte Suprema ya ha reconocido, en un caso de cobranza tributaria, que esa circunstancia no justifica desconocer su carácter alimenticio.
Existe además una controversia jurídica sobre la utilización del procedimiento ejecutivo tributario para cobrar una deuda que nació de un contrato de financiamiento educacional. Aunque recientes fallos de la Corte Suprema han rechazado recursos de protección, ello no significa que hayan resuelto definitivamente todas las cuestiones de fondo.
El Estado debe cobrar, pero también debe respetar el debido proceso, la proporcionalidad y las garantías de los ciudadanos. Resulta indispensable establecer mecanismos que permitan identificar los fondos protegidos, evitar retenciones indiscriminadas y ofrecer convenios acordes con la capacidad real de pago.
Porque una deuda puede comprometer el patrimonio de una persona, pero no debería privarla de los medios indispensables para subsistir.
Y cuando es el propio Estado quien cobra, su obligación de respetar la ley y los derechos fundamentales debe ser todavía más rigurosa.
