- Ignacio Piña Parraguez, Presidente Nacional ACHEC
Un vehículo circulando a 185 km/h en una autopista no comete una simple falta de tránsito; ejerce una conducta que la Ley 21.495 tipifica de manera explícita como delito de conducción temeraria. Para la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), la velocidad desmedida representa la principal causa de mortalidad vial en el país, estando presente en cerca del 30% de los accidentes con consecuencias fatales. La razón física es categórica: a mayor velocidad, la distancia de frenado se multiplica y el campo visual del conductor se reduce drásticamente, haciendo imposible esquivar cualquier imprevisto.
Los recientes antecedentes policiales en la Región Metropolitana y en la de Valparaíso han puesto en evidencia un nivel de riesgo sin precedentes en las vías urbanas:
Velocidades de circuito en la autopista: En un operativo en la autopista Costanera Norte, Carabineros interceptó a un automóvil a 185 km/h conducido por una persona en estado de ebriedad, con licencia falsa y medidas cautelares vigentes, quien terminó en prisión preventiva. En el mismo procedimiento, se registró a un motociclista desplazándose a la insólita cifra de 202 km/h.
El costo humano en la ciudad: Cuando la velocidad desmedida irrumpe en sectores céntricos o residenciales, las consecuencias son trágicas. Así quedó demostrado en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, donde la pérdida de control a alta velocidad provocó la muerte de seis personas, o en pleno centro de Viña del Mar (sector Estación de Metro), donde una fuerte colisión proyectó a un vehículo por las escalinatas peatonales, cobrando una vida más.
Frente a esta realidad, el marco legal chileno ha endurecido la mano. Superar el límite máximo permitido por más de 60 km/h ya no se resuelve con una multa en el Juzgado de Policía Local: implica penas directas de presidio, la suspensión temporal del documento o la cancelación perpetua del derecho a conducir.
Aunque en la mayoría de estas tragedias suelen destaparse además gravísimas fallas administrativas —como la circulación con licencias vencidas o la falta de seguros vigentes—, la velocidad sigue siendo el factor gatillante definitivo. El velocímetro fuera de control es la frontera donde el conductor deja de manejar para comenzar a operar una amenaza mortal contra la comunidad.
