+ Hugo Alcayaga Brisso, periodista
La desmedida agresión oral sufrida en el Congreso Nacional por la senadora Fabiola Campillai, independiente de Izquierda, forma parte de la ofensiva de la ultraderecha cuyo objetivo principal es sacar de la cárcel a más de un centenar de ex uniformados que otrora se convirtieron en feroces criminales.
Como si la vida no valiera nada y los derechos humanos no existieran durante los 17 años de dictadura fueron asesinados 5.000 compatriotas incluyendo desaparecidos, fusilados, degollados, quemados y “suicidados”, a la vez que se registraron incontables casos de secuestros y torturas, y otros evitaron una muerte segura saliendo al exilio, tras lo cual la impunidad envolvió gran parte de esos sangrientos episodios.
Años más tarde, en octubre de 2019, se produjo el estallido social que es la más formidable y masiva expresión popular de la historia de Chile en procura de una nueva Constitución, más democracia, igualdad y dignidad, en lo que poco se avanzó pero que dejó un trágico saldo de 30 fallecidos por la represión de Carabineros y el Ejército lanzados irresponsablemente a la calle por las autoridades de la época, lo que significó también un alto número de heridos, todos civiles.
Entre ellos estuvieron la trabajadora Fabiola Campillai y el estudiante universitario Gustavo Gatica (hoy parlamentarios), quienes recibieron en el rostro proyectiles disparados por Carabineros, lo que les significó quedar ciegos por el resto de sus vidas. Hubo además sobre 400 personas con daño ocular a raíz de lo cual sufrieron la pérdida de uno de sus ojos.
Por el severo daño ocasionado, Fabiola – como muchos ciudadanos decentes – no puede aceptar que haya un grupo de parlamentarios de derecha que estén pidiendo al presidente de la República que indulte a quienes provocaron este drama que impide a las víctimas llevar una vida normal. Uno de los oficiales favorecidos sería el capitán de Carabineros, Patricio Maturana, que fue quien cegó a la legisladora independiente.
En los comicios de 2021 el electorado quiso en alguna medida compensar las consecuencias de ese procedimiento irresponsable y la premió con la primera mayoría nacional. Ahora ella es senadora por el Área Metropolitana y cumple una acertada labor en favor de las clases populares.
El citado Maturana conocido como “el Matu” cumple actualmente una condena de 12 años de presidio que le dieron los tribunales de justicia. Sería uno de los favorecidos por la libertad que le sería concedida en caso de que el primer mandatario acceda a los indultos solicitados por la extrema derecha, siempre de espaldas al pueblo.
Este fue el punto central de la fuerte discusión sostenida por la senadora Campillai y una colega de apellido Flores, que este año se ha empecinado en hacer noticia y no precisamente por su aporte legislativo. A falta de argumentos fue ella quien – haciendo ostentación de su título de abogada – trató en forma despectiva a su colega ciega como “señora de feria”.
La Confederación de Ferias Libres reaccionó de inmediato al verse aludida. Quiso poner las cosas en su lugar y en categórica respuesta afirmó que los feriantes alimentan a Chile y pidió respeto para un oficio que es digno y fundamental.
No cabe duda, sin embargo, que la embestida antipopular no se detiene y que la impunidad sigue ganando terreno. La ultraderecha aprovecha que uno de los suyos está en La Moneda y presiona para que quienes violaron los derechos humanos salgan de la prisión que es el lugar que les corresponde.
Para la extrema derecha lo mejor sería que no hubiera justicia, que no hubiera leyes que beneficien a la gente desposeída y que los tribunales se guardaran sus resoluciones. Quisiera que solo se impusiera el poder del dinero y de las armas, que no existiera el Instituto Nacional de Derechos Humanos y que aquellos ex uniformados dados de baja por haber sido enviados a prisión puedan reintegrarse a sus instituciones.
El pueblo permanece en estado de alerta ante un escenario difícil y nebuloso. Por de pronto, necesita la certeza de saber que los fatídicos acontecimientos ocurridos en el pasado no volverán a suceder: su compromiso se mantiene con la búsqueda de la verdad, la memoria, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
