* Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Hay hospitales públicos que corren el riesgo de tener que comenzar a cerrar pabellones a partir de agosto próximo a raíz de los recortes presupuestarios destinados a provocar un severo daño a la población sin recursos que al parecer dispondrá de muy precarias condiciones de vida en el actual gobierno de extrema derecha.
La implementación de estos recortes es criminal: la crisis hospitalaria está empezando a producirse, más allá de los preocupantes niveles en que ya se encontraba, y se advierte que impactará de manera inexorable a las clases populares que diariamente deben requerir de servicios que son vitales en el ámbito público por cuanto el pueblo no dispone de lo que cuesta acudir a una clínica privada.
Ello fue el motivo central en la conmemoración del Día Nacional de la Salud Digna, que tuvo lugar en recuerdo de la muerte de la pequeña Amelia Salazar Jorquera, ocurrida el 4 de julio de 2018 esperando una cama en el Hospital Van Buren, el principal de la Región de Valparaíso.
El padre de la menor lamentó que a ocho años del fallecimiento de Amelia nada haya cambiado. “Sentimos que la atención en este establecimiento sigue muy precaria, en el abandono”. Lo peor es que en lugar de aumentar, su presupuesto anual vaya a la baja.
La agenda económica del presidente Kast y del ministro Quiroz provocan desde ya el rechazo ciudadano. Se bajan impuestos a los súper ricos y se castiga a la gran masa de pobres, desposeídos, cesantes y endeudados con una reducción del gasto social que es lo único con que cuentan muchos. Hay recortes que afectan la calidad de la atención, hay falta de insumos, falta de medicamentos y hasta de pañales.
Actualmente se está desmantelando la capacidad estatal para entregar servicios públicos en salud. Hay un retroceso profundo en que se están haciendo regalos a las 1.500 personas mas ricas del país, en tanto millones de chilenos trabajadores que se atienden en centros de salud ven que está siendo afectada la calidad del servicio y también la temporalidad en que llegan esas prestaciones.
El cierre de los pabellones es una medida muy sentida por la gente. La primera consecuencia es que habrá menos cirugías y, por ende, la resolución de las listas de esperas para intervenciones quirúrgicas será más lenta de lo que es hoy.
Al cerrar pabellones sin duda va a haber menos prestaciones y eso pone en peligro directamente la atención a la ciudadanía. Las listas de espera que hoy son muy nutridas van a quedar entrampadas, agravando un problema que es muy sensible para los pacientes. Muchos de ellos llevan meses y hasta años para acceder a la operación que necesitan.
Los recortes presupuestarios afectaran los propios equipos médicos, ya que no se contemplan reemplazos. Si un profesional se enferma el resto del equipo tendrá que hacerse cargo de las atenciones, y obviamente no se va a poder cumplir adecuadamente.
No se permitirá contratar servicios externos, en tanto faltaran insumos, según se anticipa. Los propios usuarios que tengan que internarse, deberán llevar sus propias sábanas ya que hay un fuerte recorte en lo concerniente a su compra o suministro.
Quienes impulsan esta iniciativa que atenta contra los derechos humanos no tomaron en cuenta el envejecimiento de la población. Eso hace que los gastos en salud y previsión, que son más de la mitad de todo el gasto público, estén presionando constantemente. En esta sociedad que envejece, en que cada vez aumenta más el número de adultos mayores es imposible reducir el financiamiento para la salud.
Si la vida y el bienestar de los chilenos no les interesa al presidente y sus ministros, continuarán bajando el apoyo ciudadano que llegaron a tener. En las primeras semanas de julio la encuesta Cadem ha señalado que el primer mandatario se encuentra en su nivel más bajo de respaldo, solo un 37%, mientras que la desaprobación se eleva ahora al 60%.
