- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Cuando todo el mundo esperaba anuncios sobre mejores salarios, baja de la inflación desde las nubes y creación de más y mejores empleos, el gobierno ha sorprendido a los chilenos con la novedad del año: un registro de vándalos e incivilidades contemplados en el modelo neoliberal que se aplica en Chile desde la dictadura.
Las injusticias y los abusos en que se basa el modelo determinan con frecuencia las protestas especialmente de los jóvenes y los trabajadores que se expresan contra todo lo que obstruye o impide desarrollar adecuadas condiciones de vida para las grandes mayorías, la ciudadanía postergada y las clases populares que no son tomadas en cuenta.
El Presidente de la República anticipó este proyecto de ley en la primera cuenta pública ante el Congreso Nacional en que defraudó a la población que progresivamente le va quitando su respaldo con el que llegó a La Moneda tras las elecciones en que alcanzó el 58% de la votación.
Ese porcentaje se ha revertido ahora, cuando lo prioritario para el mandatario es la rebaja de impuestos para los súper ricos, los recortes para los presupuestos de tipo social y la embestida contra quienes reclaman contra la aplicación de un sistema basado en las desigualdades, los abusos y la desatención popular que ahora se refleja en el citado registro discriminatorio.
La nómina del presente “vandalismo” está destinada a convertirse en la continuidad de las listas negras que operaron durante la dictadura militar-empresarial. Estas listas estaban repletas de nombres de ciudadanos que no aceptaban el término de sus derechos sociales y que aspiraban a una democracia plena.
En el registro ideado para hoy figurarán los que no hayan aceptado la intervención siempre violenta de carabineros, hayan retenido el transporte público, hayan cometido tráfico de estupefacientes o dañado monumentos nacionales. Ellos están condenados a perder beneficios sociales como la gratuidad en la educación, la pensión garantizada universal y subsidio de arriendo, grandes objetivos de La Moneda en estos días.
Lo que para el gobierno es una panacea que asegurará la paz social, para otros es deplorable ya que esta medida tiende a operar de manera distinta según la clase social. Abiertamente esta disposición autoritaria ha sido calificada como clasista y anti pobres. No todos tienen la educación asegurada, los privilegiados van a colegios privados y la atención en salud está garantizada.
En las manifestaciones en Santiago y Valparaíso el estudiantado no solo expresó su repudio a este arbitrario registro de corte pinochetista, sino que también a otras medidas que se están tomando en el sector. Los proyectos que hoy se impulsan por este gobierno no son hechos aislados, sino que forman parte de una orientación política que busca profundizar la desigualdad y el debilitamiento del rol social del estado.
Los recortes presupuestarios y el proyecto de ley sobre escuelas protegidas son blancos de críticas y fuerte cuestionamiento desde el ámbito estudiantil y del profesorado. A ello se suma el registro de vándalos propio de un sistema dictatorial repleto de metáforas e hipérboles. Con que se pretende alejar a Chile de un Estado justo e igualitario.
Está claro que este gobierno agresivo y ultra conservador no cuenta entre sus partidarios a los pobres, la calle o la clase trabajadora. Ahora se sabe que tampoco tiene el respaldo de los protagonistas del mundo educacional, que busca sus propios espacios democráticos en que no hay cabida para disposiciones coercitivas ni otros resabios del pinochetismo, que se pretende reflotar.
Desde afuera se advierte con claridad lo que está ocurriendo en el país: el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dicho que el gobierno chileno está desmantelando las conquistas sociales y embistiendo contra la juventud.
