- Osvaldo Urrutia, consejero regional
La discusión sobre una eventual Ley de Rentas Regionales ha vuelto a instalarse con fuerza en el debate público. Gobernadores y distintos actores políticos sostienen que la descentralización requiere mayores ingresos permanentes y más autonomía financiera para las regiones. El planteamiento, en principio, parece razonable. Sin embargo, la pregunta de fondo sigue siendo incómoda: ¿están hoy los gobiernos regionales preparados para administrar más recursos con eficacia, planificación y adecuados mecanismos de control?
En el caso de la Región de Valparaíso, la realidad obliga a mirar este debate con prudencia. Durante años, el Gobierno Regional funcionó sin un Jefe de la Unidad de Control, una situación difícil de explicar en una institución que administra cientos de miles de millones de pesos de recursos públicos. Resulta contradictorio exigir más autonomía financiera mientras se postergan precisamente aquellas estructuras encargadas de fiscalizar, prevenir irregularidades y fortalecer la confianza pública.
Pero el problema no se limita al control interno. También existe una evidente debilidad en materia de planificación estratégica regional. Hoy el Gobierno Regional carece de una verdadera cartera de proyectos propios de carácter estructurante para el desarrollo de la región. En la práctica, gran parte de su labor termina reducida a financiar iniciativas municipales dispersas, muchas veces legítimas y necesarias, pero desconectadas de una visión regional de largo plazo.
La Región de Valparaíso enfrenta desafíos enormes: seguridad, crisis hídrica, infraestructura hospitalaria, conectividad, recuperación urbana de Valparaíso, fortalecimiento portuario, transporte y competitividad logística. Sin embargo, cuesta identificar una agenda regional robusta, priorizada y técnicamente consolidada que permita orientar el uso futuro de mayores ingresos regionales.
La discusión sobre rentas regionales tampoco puede transformarse en una competencia de consignas contra el poder Ejecutivo. La descentralización no consiste únicamente en transferir recursos. Exige también capacidad institucional, planificación, control y responsabilidad política. De lo contrario, existe el riesgo de simplemente ampliar presupuestos sin mejorar la calidad del gasto ni los resultados para la ciudadanía.
La ciudadanía difícilmente respaldará nuevas fuentes permanentes de financiamiento si percibe improvisación, debilidad en los controles o ausencia de prioridades claras. La confianza pública no se decreta, se construye mediante instituciones serias, transparentes y con capacidad de gestión.
La descentralización no puede transformarse en una simple transferencia de recursos sin planificación ni control. Un Gobierno Regional que solo transfiere recursos termina administrando demandas locales, pero no construyendo desarrollo regional.
