- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Las clases populares que claramente no estuvieron entre los electores del actual gobierno por tratarse de mundos opuestos, han comenzado a responder con decisión a las primeras medidas de La Moneda que hoy cobija a la extrema derecha política y económica.
La orientación pinochetista de esta administración hace que las demandas y necesidades del ámbito popular, de la gente vulnerable y de la calle menospreciada se encuentren fuera de la agenda gubernamental que apunta a favorecer a los dueños del dinero y el gran empresariado.
Tempranamente el Ejecutivo ha tomado medidas que afectan a la ciudadanía, que ha expresado que no va a aceptar nada que signifique un retroceso en materia social o que frene los avances que han venido ganando las mayorías.
Para los primeros días de este gobierno se esperaban resoluciones tendientes a la unidad nacional, pero ello no ha ocurrido. No se habla de las desigualdades socioeconómicas, de la falta de oportunidades, de preocupación por la generación ni-ni o de mejores salarios que permitan a las familias enfrentar la elevada inflación, sino que los anuncios contrarían a la población indefensa.
En lo inmediato está el fuerte reajuste del precio de los combustibles, que por su contundencia es un atentado al bolsillo de los chilenos. Desde ya en las encuestas de opinión pública comenzó a bajar la adhesión ciudadana al presidente de la República y comenzaron a diluirse las expectativas en un régimen que es heredero del pinochetismo. Es lo que con dos dedos de frente cualquiera podía anticipar.
Asimismo, el gobierno retiró el gobierno de negociación ramal y 43 decretos sobre el medio ambiente. El citado proyecto presentado por la administración de Gabriel Boric, buscaba transformar el sistema de negociaciones laborales en Chile. La iniciativa permitía que sindicatos y gremios de un mismo sector económico acordaran estándares mínimos en materias críticas como salarios, salud, seguridad laboral y productividad, lo cual era resistido por el mundo empresarial.
La CUT denunció que “esta no es forma de gobernar, sino que al contrario las nuevas autoridades están notificando a los trabajadores que van a gobernar sin diálogo. Esto es preocupante, sobre todo porque en abril corresponde discutir el salario mínimo y nos parece que es un mal precedente de cara al primero de mayo”.
El pueblo está defraudado con lo conocido hasta ahora. Allí están los anuncios sobre indultos presidenciales a violadores de los derechos humanos, el retiro de la contraloría de los derechos medioambientales, una agenda de desprotección social con una reforma tributaria encubierta y privilegios para los más ricos. Pareciera que este va a ser el sello del gobierno que se ha iniciado.
Por eso también desde ya empezaron las movilizaciones ciudadanas que no disimulan su desaliento. Manifestaciones con alta participación se efectuaron en todo el país en el marco del Día Mundial del Agua y en defensa del mundo ambiental. La convocatoria la hizo la coordinadora “No más zonas de sacrificio”, que se despliega a lo largo de todo el territorio chileno.
Miles de personas se alinearon tras la idea de que las primeras medidas gubernamentales son negativas en tal sentido afirmaron que el gobierno ha sido miope en cuanto a sus determinaciones en relación a los derechos ambientales y el retiro de los decretos pertinentes que se encontraban en la Contraloría para su toma de razón.
Los manifestantes aseguraron que no había justificación para el retiro de tales decretos. Esta situación no solo trae problemas para la naturaleza, sino también para la calidad de vida de las personas debido a la incertidumbre del futuro.
Estas protestas tuvieron gran convocatoria en Santiago y otras ciudades. En el archipiélago de Juan Fernández se reclamó por el retiro de los decretos sobre los parques marinos de Juan Fernández 2 y Nazca Desventuradas 2, las cuales amplían lo que ya estaba creado por gobiernos anteriores.
La ultraderecha tiene una posición que está a la vista de todos, y que muestra su posición respecto a la protección del medioambiente. Su concepción ideológica es que cualquier norma que lo cuide y lo preserve debe ser erradicada de la legislación chilena.
En este caso como en diversas materias que involucran masivamente a la ciudadanía, se advierte una desconexión total con el día a día y con las circunstancias por las que atraviesa el país. Eso, el pueblo lo tiene muy presente.
