- Christian Lucero, abogado
Las dunas de Concón no son solo un paisaje hermoso del litoral central. Son un sistema natural frágil, un patrimonio ambiental irrepetible y, además, una barrera geológica que protege la costa frente a procesos erosivos. Lo que ha ocurrido en los últimos años —con los socavones que han afectado edificios y han puesto en riesgo la seguridad de las personas— es una advertencia clara de que el territorio tiene límites que no pueden ignorarse.
La naturaleza siempre termina pasando la cuenta cuando el desarrollo urbano se impone sobre ella sin comprender sus dinámicas. Las dunas cumplen una función ecológica y geológica fundamental: estabilizan suelos, absorben energía del viento y del mar, y forman parte de un sistema natural que tarda siglos en construirse y apenas años en destruirse. Intervenirlas de manera imprudente no solo deteriora el paisaje, sino que pone en riesgo a quienes habitan y transitan por ese espacio.
Pero el problema no es únicamente ambiental o urbano. También es institucional. En los últimos años hemos visto cómo decisiones técnicas adoptadas por organismos especializados —e incluso pronunciamientos judiciales— pueden terminar siendo revertidas por instancias de carácter político. Cuando esto ocurre, surge una pregunta incómoda pero inevitable: ¿hasta qué punto una decisión puede ser legal y, sin embargo, carecer de legitimidad?
El jurista Hans Kelsen distinguía entre la validez formal de una norma y su fundamento dentro de un sistema jurídico. Pero la legitimidad de una decisión pública no se agota en su legalidad. Jürgen Habermas nos recuerda que las decisiones colectivas deben poder justificarse racionalmente ante la ciudadanía; es decir, deben sostenerse en argumentos públicos y en criterios que puedan ser aceptados por todos. Cuando una decisión política ignora informes técnicos, advertencias científicas o fallos judiciales, se debilita esa racionalidad pública que da sustento a la democracia.
Theodor Adorno, por su parte, advertía sobre los peligros de una racionalidad instrumental que subordina todo —incluida la naturaleza— a intereses inmediatos. En el caso de las dunas de Concón, la pregunta que debemos hacernos es si el progreso puede justificarse cuando implica la destrucción irreversible de un patrimonio natural y, además, la generación de riesgos evidentes para la seguridad de las personas.
Las dunas no son un terreno baldío disponible para cualquier proyecto. Son parte del patrimonio natural de la región y de la memoria colectiva de quienes habitan el borde costero. Una vez destruidas, no se reconstruyen. No existe ingeniería capaz de recrear un sistema dunar que tardó miles de años en formarse.
Por eso la discusión de fondo no es solo jurídica ni administrativa. Es ética y democrática. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que decisiones políticas coyunturales reviertan criterios técnicos y científicos destinados a proteger bienes comunes? ¿Y hasta qué punto la ciudadanía debe aceptar decisiones que, aunque formalmente legales, resultan profundamente cuestionables desde el punto de vista de su legitimidad?
Las dunas de Concón nos interpelan precisamente en ese punto. Nos obligan a decidir si queremos un desarrollo que respete los límites del territorio y el valor del patrimonio natural, o si seguiremos avanzando hacia su deterioro irreversible. La respuesta no puede depender solo de mayorías circunstanciales o de intereses económicos inmediatos. Debe surgir de un compromiso colectivo con el cuidado de aquello que, una vez perdido, ya no podremos recuperar.
