13 de marzo de 2026 22:13
  • Christian Lucero, abogado

En política hay diferencias profundas, y eso es parte natural de la democracia. Pero hay ciertos límites que, cuando se cruzan, terminan dañando algo más grande que la disputa del momento: las instituciones del país.

La reciente visita de parlamentarios del Partido Socialista de Chile a la embajada de México para entregar una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el propósito de cuestionar el eventual nombramiento de Francisco Chahuán como embajador de Chile en ese país, abre una pregunta que trasciende a las personas involucradas: ¿es correcto internacionalizar nuestras disputas políticas internas?

La diplomacia funciona sobre la base de reglas no escritas, pero muy claras: los Estados se relacionan entre sí a través de sus gobiernos y de sus canales formales. Cuando parlamentarios en ejercicio acuden a una embajada extranjera para advertir o influir sobre un eventual nombramiento diplomático de su propio país, se rompe esa lógica elemental.

No se trata de defender o criticar a una persona en particular. Se trata de algo más básico: el respeto por los canales institucionales. Si existen reparos frente a un eventual embajador, estos deben plantearse en el debate político interno, en el Congreso, en los medios o ante el propio gobierno. Pero trasladar esa disputa a una representación diplomática extranjera equivale, en la práctica, a invitar a otro país a involucrarse en una controversia doméstica.

Hay también un aspecto de sentido común que no puede pasarse por alto. Las misiones diplomáticas existen para fortalecer las relaciones entre los Estados, no para convertirse en escenario de disputas internas de otro país. Cuando eso ocurre, inevitablemente se proyecta una imagen de fragilidad institucional.

A ello se suma una pregunta que la ciudadanía tiene derecho a hacerse: ¿quién financia estas gestiones? Cuando parlamentarios realizan acciones políticas en el extranjero, o vinculadas a representaciones diplomáticas, los costos de traslado y funcionamiento suelen provenir de recursos públicos. Es decir, del esfuerzo de todos los contribuyentes. Por lo mismo, la prudencia y la responsabilidad debieran ser todavía mayores.

Chile tiene una larga tradición diplomática basada en la sobriedad, el respeto entre Estados y la seriedad institucional. Esa tradición ha sido una de nuestras fortalezas internacionales.

La política democrática exige debate, crítica y confrontación de ideas. Pero también exige algo igualmente importante: saber dónde se dan esas disputas y cómo se defienden los intereses del país.

Porque, después de todo, hay una regla que la experiencia ha enseñado una y otra vez: la ropa sucia, en política y en diplomacia, se lava en casa.

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