- Documento elaborado por el Departamento Jurídico del Colegio de Profesores de la Quinta Región
El 21 de enero del 2026 la Sala de la Cámara de Diputados aprobó la totalidad de las modificaciones efectuadas por el Senado, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Tribunal Constitucional y luego al Ejecutivo para su promulgación.
Como es de conocimiento del Magisterio, el ministro estableció un procedimiento para las postulaciones instalando una plataforma donde cada uno de ellos debía subir sus antecedentes.
Se presenta el caso de Jorge Pavez, con 21.000 demandantes que se inició en el año 2000 y que fue rechazada en el año 2005 por la Corte Suprema, por prescripción.
En el año 2012 hace presentación a la Comisión Interamericana, la que es acogida. Este organismo funciona una sólo una vez al año, en el mes de diciembre e informalmente, se había señalado que en el 2005 se pronunciaría sobre los desistimientos presentados. Terminado el año ello no ocurrió, lo que perjudica a todos los colegas que habían iniciado el trámite. .
Esta presentación en sus inicios, el postulante, sin conocimientos jurídicos debía redactarlo y enviarlo a la Comisión Interamericana.
Por gestión del Gobierno, el Presidente Boric adoptó la iniciativa de introducir un cambio en el proyecto de reajuste, para poner fin a la obligatoriedad de recibir respuesta afirmativa de la Comisión Interamericana y luego subirlo a la plataforma. Este artículo ingresó en el proyecto con el número 93 y que con su aprobación en el Parlamento está como artículo 81. La modificación corresponde al artículo 2 de la ley 21.728 y es la siguiente:
“En el evento que el profesional de la educación tenga reclamación pendiente ante organismos administrativos o juicio pendiente ante Tribunales Nacionales podrá optar por el pago del beneficio si se desiste previamente de dicha reclamación o juicio cumpliendo los otros requisitos que establece el artículo 2”.
La modificación se circunscribe sólo ante Tribunales Nacionales. Si los desistimientos anteriores fueron enviados a la Comisión Interamericana y el cambio determina que debe ser ante Tribunales Nacionales hay que solicitar al Directorio Nacional el procedimiento a seguir. Recordar que un Reglamento fija fecha de corte el 25 de junio, para tener la opción que se cancele la reparación, en su primera cuota, en el mes de octubre.
La ley de Reajuste también modifica el art. 7 de la Ley 21.728 que establece “que en el evento que el profesional de la Educación tenga un juicio pendiente ante tribunales u organismos internacionales, para optar al aporte se acompaña a su postulación una copia de su escrito de desistimiento presentado ante dichos tribunales u organismos, acompañando el comprobante”.
Queda pendiente la correcta aplicación del art. 2 en el punto 3. No requiere que esté en la nueva ley de reajuste.
“No haber obtenido el pago íntegro de lo fallado por sentencia judicial favorable firme y ejecutoriada, avenimiento, transacción o cualquier equivalente jurisdiccional de tribunales chilenos o internacionales por reclamo del art. 40 del decreto Ley 3551”.
De acuerdo a información del ministerio hay una cantidad de 6.500 docentes que no se les pagó la Deuda Histórica, con el argumento que los alcaldes no respondieron a oficio enviado. En el caso de la Quinta Región de 38 comunas 32 no respondieron y la de Viña del Mar se consideró insuficiente. Es discutible, que en su gran mayoría quienes forman parte del primer grupo, con más de 80 años, se les niegue el derecho a recibir la reparación, por una decisión administrativa. Incluso, una demostración de insensibilidad impedir recepción a colegas de hasta 97 años.
A nuestro juicio, es una decisión que vulnera la ley. Tenemos decenas de respuestas donde se les señala que su petición está en revisión, involucrando a las Secretarías Ministeriales, Tribunales del Trabajo e incluso la Corte Suprema .
Su solución pasa por exigencias que debe presentar el Directorio Nacional y hacer realidad lo que en su momento señaló su presidente Mario Aguilar, de que deben recibir la reparación todos los postulantes.
Hemos presentado petición a la Contraloría de la República, que ha sido acogida, solicitando fiscalización al ministro de acuerdo a sus atribuciones para que responda sobre esta materia.
Como es de vuestro conocimiento la organización gremial tiene el mes de febrero de vacaciones. Nuestro compromiso, es luchar porque todos los postulantes reciban la reparación.
Andrés Reyes Barra, Renato Rivera Valdés, Departamento Jurídico Regional Valparaíso
