- Christian Lucero, abogado
En tiempos de incertidumbre, es comprensible que la ciudadanía exija medidas claras frente al ingreso irregular de personas, el crimen organizado y el tráfico de bienes. El control fronterizo no solo es legítimo: es una obligación del Estado. Negarlo sería irresponsable.
Pero hay algo igual de importante que defender la frontera: defenderla bien.
Hoy se instala con fuerza la idea de construir zanjas de gran escala en el norte de Chile como solución a múltiples problemas —desde el robo de vehículos hasta la migración irregular—. La propuesta se presenta como una medida eficaz, visible, casi intuitiva. Una respuesta rápida a una demanda real.
Sin embargo, hay una pregunta que no se está haciendo con la seriedad que merece:
¿Qué ocurre cuando una política de seguridad se diseña como si el territorio fuera un espacio vacío?
El norte de Chile no es un vacío.
Es un sistema vivo, frágil y complejo. Un territorio donde existen corredores biológicos, desplazamientos de fauna, ecosistemas alto andinos y especies protegidas que dependen —literalmente— de la continuidad del paisaje para sobrevivir. Guanacos, vicuñas, suris y otras especies no reconocen fronteras políticas. Sus rutas son ancestrales, silenciosas y esenciales.
Una zanja de cientos de kilómetros no es solo una obra de seguridad. Es, desde el punto de vista técnico, una infraestructura lineal de alto impacto territorial. Y como tal, puede fragmentar hábitats, interrumpir flujos ecológicos y aislar poblaciones animales.
Esto no es ideología. Es evidencia.
Chile ha avanzado en reconocer la importancia de la conectividad ecológica. La legislación ambiental moderna —incluyendo el sistema de áreas protegidas— incorpora el concepto de corredores biológicos como elementos clave para la conservación. El propio Estado ha sostenido que la fragmentación de ecosistemas es una de las principales amenazas para la biodiversidad.
Entonces, la pregunta no es si debemos o no reforzar la frontera.
La pregunta es otra:
¿Vamos a hacerlo ignorando completamente esos mismos principios que el Estado dice defender?
Plantear esta inquietud no es oponerse a la seguridad. Es exigir que la seguridad no se construya a costa de generar otro problema estructural, menos visible pero igualmente grave.
Porque aquí hay un riesgo real: Convertir una solución aparente en un daño permanente.
No se trata de romantizar el paisaje ni de paralizar la acción pública. Se trata de algo mucho más básico: introducir inteligencia territorial en el diseño de las políticas públicas.
Si el Estado decide intervenir extensas zonas del norte, debe hacerlo con criterios técnicos mínimos: identificación de rutas de fauna, incorporación de pasos o cruces ecológicos, trazados no continuos en áreas sensibles, monitoreo ambiental y capacidad de corregir errores sobre la marcha.
Eso no debilita la seguridad. La fortalece.
Una frontera robusta no es aquella que simplemente levanta barreras, sino aquella que entiende el territorio que protege.
Reducir el debate a una dicotomía entre “orden” y “ambientalismo” es una simplificación peligrosa. Chile no necesita elegir entre seguridad y naturaleza. Necesita políticas que sean capaces de integrar ambas dimensiones con seriedad.
Porque cuando el Estado actúa sin comprender el territorio, no solo se equivoca: se expone a repetir, una vez más, la lógica de soluciones rápidas que terminan generando problemas más complejos que los que buscaban resolver.
Y esa es una lección que, como país, ya deberíamos haber aprendido.
