- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
En este país privatizado de punta a cabo, en que la riqueza no se distribuye, no existe la equidad y todo se encuentra en manos de los dueños del dinero, el pueblo se ve defraudado por la presente campaña presidencial, porque quienes postulan con mejores posibilidades a La Moneda se desentienden de esas calamidades, no las tienen en cuenta o las ignoran, y los anuncios sobre medidas para afrontarlas brillan por su ausencia.
Cuando se acercan los comicios de noviembre las candidaturas que según las encuestas aparecen en los primeros lugares en la intención de voto da la impresión de que se pusieron de acuerdo para desmarcarse de las grandes necesidades y demandas populares, y todo indica que el próximo gobierno será solo de administración de lo que ya hay, de todas las injusticias que vienen de la dictadura y fueron ratificadas por la ex Concertación.
No hay indicios de que el pinochetismo depredador instalado hace más de medio siglo, ahora solapado y oculto tras los partidos de extrema derecha, vaya a dejar de ser un peligro contra el pueblo al cual le declaró la guerra junto con el golpe de Estado del 73. Es un peligro latente para la ciudadanía que no puede aún sacárselo de encima.
Ello se entiende por el hecho de que Chile es un país desinformado – el presidente Boric ha aseverado que “la desinformación socava la democracia” pero nunca puso en marcha la comisión especial convocada en esa materia – y porque el pinochetismo cuenta con el respaldo de la oligarquía, del gran empresariado y en definitiva de los dueños del dinero. Estos mantienen a millones de personas desposeídas bajo su sumisión y voluntad.
El pinochetismo equivale a decir que el país continuará sometido a la constitución militar del año 80, un fraude militar que inexplicablemente mantiene su vigencia. No hay ningún asomo de que el próximo gobierno vaya a convocar a una Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna democrática, a la que aspiran las grandes mayorías que lo manifestaron masivamente durante el estallido social.
Ello también equivale a la continuidad del modelo neoliberal puesto en marcha durante la dictadura y ratificado en los 35 años siguientes. El modelo consagra las desigualdades, la concentración económica de una minoría y la falta de oportunidades para los demás.
Favorecido por una Constitución y un modelo antidemocrático opera el mercado desregulado, manipulado por unos pocos para abusar desmedidamente de la gente modesta, fijar precios de acuerdo a sus intereses y burlarse de los que no poseen nada. El mercado abusivo se sobrepone al estado que, maltrecho desde la dictadura, disminuido y venido en menos, es de todos.
Los derechos ciudadanos pagan las consecuencias: la salud y la educación pública han sido convertidas en mercancías, no disponen de un financiamiento adecuado y progresivamente han ido pasando a manos del mercado que solo de allí una fuente para ganar dinero. Por eso las listas de espera en los hospitales públicos se acrecientan y no se detiene la deserción escolar.
Hace 10 años se decía que las viviendas que se necesitaban en el país alcanzaban las 500 mil. Esa cifra se mantiene increíblemente hasta ahora, cuando hay gran cantidad de familias empobrecidas que recurren a las tomas de terrenos particulares para instalar sus viviendas de emergencia. Los campamentos de tránsito y el comercio ambulante están entre los mayores “legados” de la dictadura.
A estas alturas los antivalores están a la orden del día: la desigualdad y sus afines, la exclusión y la discriminación ahogan al pueblo y derivan en delincuencia y narcotráfico. La solidaridad se convirtió en mezquindad, la gente pasó de ahorrar a endeudarse y la tranquilidad laboral se transformó en incertidumbre a raíz de las numerosas cartas de despido especialmente del sector privado. Nada de eso se dijo en el debate televisivo de los presidenciables a mediados de septiembre.
No puede extrañar que las necesidades de la gente pobre no interesen en absoluto al candidato de la extrema derecha José Kast, porque es fascista, pinochetista y pareciera que toma el genocidio provocado por las fuerzas castrenses como algo natural. Su iniciativa más resaltante se relaciona con la reforma de pensiones, porque no acepta que los jubilados reciban un peso más.
Tampoco es el caso de Matthei quien viene de una familia militar y es hija de un general que integró la llamada “junta de gobierno”. Para ella, el golpe criminal del 73 fue inevitable, tal como también lo fueron los asesinatos de quienes cayeron ante las tropas sublevadas que mantenían a la población sumida en el terror.
Sorprende sí que la carta oficialista Jeannette Jara no contemple en su programa de gobierno una agenda transformadora y fuertemente democrática e igualitaria que dé respuestas a las urgencias de la calle. Al parecer no lo hará, en la medida que continúe definiéndose como de “centro Izquierda” y no de la Izquierda que la eligió en las primarias, y siga acatando las decisiones de sus asesores socialdemócratas que permanecen lejos de la realidad.
