- Nicolás Farfán, candidato a diputado Distrito 7
A más de veinte meses del megaincendio que devastó Viña del Mar, el proceso de reconstrucción presenta avances mínimos. Lo mismo ocurre con los incendios que han afectado a Valparaíso o Quilpué. Si bien los instrumentos del Estado están disponibles, los mecanismos de gestión, gobernanza y transparencia siguen sin adaptarse al contexto de emergencia, y eso debe cambiar.
La reconstrucción enfrenta una brecha estructural entre el diseño institucional y la ejecución efectiva. Los instrumentos están disponibles, pero los procesos y la gobernanza siguen siendo ineficientes. La distancia entre planificación y resultados no solo retrasa la entrega de viviendas, sino que mina la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para responder ante desastres.
El megaincendio de febrero de 2024 arrasó con más de mil viviendas; actualmente, pese a que el 98 % de las familias damnificadas cuenta con un subsidio asignado, sólo un 4,5 % de las viviendas comprometidas está entregado o en ejecución avanzada. Esto demuestra un problema gigantesco, la lentitud no se explica por falta de recursos, sino por la carencia de capacidad operativa y la rigidez de procedimientos.
No debemos desconocer que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) ha desplegado proyectos relevantes, como el conjunto “Cuatripareos Sustentables”, que incorpora eficiencia térmica, paneles fotovoltaicos y un estándar superior de habitabilidad. Sin embargo, el modelo institucional sigue tensionado por múltiples trámites, normas desactualizadas y una débil articulación interinstitucional, que impacta la vida de los daminificados.
A este complejo escenario se suma un factor crítico: los recursos están bajo investigación. La Contraloría General de la República (CGR) ha iniciado auditorías de cumplimiento respecto de los dineros traspasados tras la emergencia, cerca de $1.800 millones transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a los municipios de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana para atender los efectos del siniestro. Las investigaciones centran su atención en si los ingresos fueron efectivamente utilizados, registrados y controlados de acuerdo con la ley.
Entonces, emerge la necesidad imperiosa de proponer soluciones. Ante la presencia de montos relevantes bajo lupa, existe una urgencia de mejorar la gobernanza. Activar metodologías modernas de gestión de proyectos, que faciliten un “fast track”, ofrecerá una ruta clara para estructurar la reconstrucción como un portafolio de proyectos; definir entregables parciales (por ejemplo, paquetes de 50-100 viviendas); establecer indicadores de desempeño (plazo promedio, costo por unidad, porcentaje de avance físico-financiero); y monitorear riesgos institucionales, técnicos y sociales, actualmente lejos de lo esperado.
Los damnificados y la ciudadanía tienen derecho a la información y a la celeridad. Se debe transparentar el número de viviendas iniciadas, terminadas o entregadas; el tiempo promedio desde el subsidio hasta la vivienda; el nivel de satisfacción de los beneficiarios; el uso del presupuesto por tramo; y la trazabilidad en la ejecución de la obra pública. La transparencia es un valor innegable en la calidad.
TRABAJO COMUNAL
Hay que reconocer que las mesas técnicas con municipios, SERVIU, ministerio y comunidades permiten fortalecer la rendición de cuentas, pero es necesario innovar en instrumentos: instaurar ventanillas únicas para damnificados, contratos con incentivos por cumplimiento, mayor uso de vivienda industrializada y acelerar la relocalización con acompañamiento social.
Cada casa entregada debe representar no solo un logro físico o político, sino continuidad y valorización social. La entrega de una vivienda en buenas condiciones es una señal de que el aparato estatal aprende, gestiona y responde, cumpliendo con el contrato social para el cual existe.
El desafío no es enfocar los esfuerzos únicamente en reconstruir viviendas, sino demostrar la capacidad del Estado para ejecutar con eficiencia, transparencia y calidad en tiempos de crisis. Cerrar la brecha entre diseño institucional y ejecución efectiva no es menor: es la condición indispensable para que la reconstrucción cumpla su objetivo, garantizando un lugar donde vivir y la certeza de poder continuar una vida hacia adelante, tras ser víctima de un hecho arrasador como un incendio.
