- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Más allá de los antivalores, las desigualdades y las calamidades del modelo neoliberal que se presentan a diario la ciudadanía enfrenta hoy la pretensión de los sectores conservadores que quieren terminar con las movilizaciones sociales, el medio de expresión más directo del pueblo y la clase trabajadora.
Esos sectores representan a la oligarquía, los súper ricos y los grandes grupos económicos, adoradores del modelo que les da dinero a manos llenas, bienes y patrimonios, tranquilidad y estabilidad, en desmedro de las mayorías empobrecidas a las cuales la casta patronal quisiera ver sumisas e inmovilizadas, carentes de expectativas y sin proyección alguna.
“No se mueva, no se haga notar y no moleste”, pareciera ser la máxima de los poderosos hacia aquellos que tienen el coraje de salir a la calle en demanda de sus derechos, de los que no tienen noticia desde hace largo tiempo y van quedando postergados al paso de los años.
La denuncia formulada en Valparaíso por el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, remece a la autoridad política y a la ciudadanía toda. Aguilar habló luego de los dos días de paro de junio en curso, apuntando a la Contraloría General de la República y claramente a la directora general de ese organismo, Dorothy Pérez.
El profesorado paralizó y llevó a cabo multitudinarias manifestaciones en demanda de una agenda corta en que formulan sus planteamientos a los cuales no ha dado respuesta el gobierno. Ante la sorpresa generalizada, la Contralora ha dispuesto el descuento de sueldos de los dos días no trabajados, medida anunciada por primera vez en el país.
En situaciones similares los anteriores contralores nunca determinaron un recorte salarial para los maestros. Posteriormente estos llevan a cabo clases de recuperación de modo de no perjudicar a los alumnos en sus estudios, adecuado arreglos que ahora Pérez desconoce.
Por su elevado número y su relevante función de educar el Colegio de Profesores es la entidad gremial más importante del país. Está tratando de evitar que se siga produciendo una precarización de la educación y para ello ha presentado un petitorio de seis puntos, entre los que se cuentan la estabilidad laboral, transparencia en los procesos de evaluación docente, reducción de la carga laboral y traspaso sin deudas laborales de los colegios a los Slep.
Hasta ahora las respuestas del ministerio del ramo han sido insuficientes, y por ello el magisterio anticipa que podría haber una paralización indefinida. No obstante, difícilmente esa paralización podría efectuarse, si los docentes están bajo la amenaza de que sus salarios – siempre precarios están sujetos a tales imprevistos descuentos al insistir la Contralora en esos recortes punitivos, los profesores ven allí una persecución hacia sus movilizaciones y hacia el legítimo derecho de la paralización. Su destino es lograr la aplicación de medidas que sean mejoras para la vida de los docentes, estudiantes, sus familias y la comunidad educativa.
Aguilar sostiene que “son acciones que pretenden que seamos sumisos, que seamos esclavos, que agachemos la cabeza y no reclamemos nunca, pero no les vamos a dar en el gusto jamás. Cada vez que nos amenazan es más fuerte nuestra convicción, jamás nos vamos a rendir”.
Ciertamente hay aquí una fuerte e inusitada operación política contra los derechos laborales, que son derechos conquistados en las luchas sociales que muchos han protagonizado antes. Cualquiera puede ver con facilidad que hay un intento reaccionario para frenar la posibilidad de movilizarse y de reclamar contra las malas condiciones de trabajo.
Según el presidente del magisterio, “hay una extraña coincidencia que se da en esta situación en que sale un oficio de la Contraloría amenazando a los Slep para que aplique sanciones y castigos a los profesores que nos hemos movilizado. Y a renglón seguido aparece la exigencia de la UDI al gobierno y a los Slep para que castiguen a las y los docentes que hemos tenido la osadía de salir a reclamar derechos”.
Amplios sectores ciudadanos se han expresado contra los descuentos. No se pueden desestimar las legítimas exigencias del magisterio para que la educación pública no se siga cayendo a pedazos.
La advertencia es que hay quienes solapadamente tratan de frenar las movilizaciones del pueblo y los trabajadores en las calles. Ello solo traduce los intentos de la derecha pinochetista por un retroceso, una regresión, y por volver al tiempo negro de la dictadura algo absolutamente impresentable en pleno siglo XXI.
En este país en que los partidos políticos están degradados y desprestigiados, los movimientos sociales y sus manifestaciones son vitales e insustituibles, de la mayor trascendencia y deben seguir fortaleciéndose y masificándose.
