- Ignacio Piña, presidente de las Escuelas de Conductores de Chile
La reciente explosión de un camión de combustible debe llevarnos a una reflexión que va mucho más allá de las causas de un accidente puntual. Como sociedad, no estamos ponderando el riesgo implícito de la actividad del conductor profesional.
Hoy, en nuestras rutas y caminos de alto riesgo, vemos permanentemente camiones y buses sobrepasando ejes continuos y cometiendo infracciones por exceso de velocidad. ¿La razón de fondo? Una capacitación que se ha vuelto una ficción.
Hace más de treinta años, el Congreso legisló con rigor, estableciendo que un conductor profesional requería, al menos, 150 horas de formación. Fue un consenso técnico para proteger la vida. Sin embargo, producto de la inmediatez y el déficit mundial de conductores, el sistema se ha «ablandado».
Hoy, lo que respiramos en el sector tiene una historia ya conocida: el escándalo de la «Escuela Siglo 21» que conmocionó al país por otorgar certificados sin respaldo real.
Basta un recorrido por la web y redes sociales para constatar cómo la seguridad vial se ha convertido en un mercado persa. Por apenas $80.000, diversas plataformas y escuela de conductores con cobertura en todo el país, ofrecen y envían certificados a cualquier parte del país sin que el alumno haya asistido a una sola clase.
Bajo el pretexto de la pandemia y la Ley Uber, se permitió una mecánica online asincrónica utilizada hoy de manera grosera por «microescuelas» que operan como imprentas de cartones. Así, en solo 72 horas, una persona de un vehículo liviano se convierte en un «profesional» de carga peligrosa.
El problema se agrava porque la ley faculta a los Directores de Tránsito para otorgar la licencia profesional basándose solo en el certificado de la escuela, permitiéndoles eximir al postulante del examen práctico. El Estado delega la fe pública en entidades que no fiscaliza, permitiendo que conductores de alto tonelaje circulen sin demostrar pericia ante un evaluador municipal.
Es necesario destacar el tremendo esfuerzo de los equipos del Departamento de Fiscalización en terreno. Ellos detectan las irregularidades de estas «escuelas» de papel. Sin embargo, ese compromiso profesional termina en una parodia administrativa: las infracciones mueren en escritorios jurídicos donde nadie ejecuta las clausuras que la ley permite.
No podemos esperar a la próxima tragedia. Si no recuperamos la formación presencial y la severidad en las sanciones, cada muerte será consecuencia de nuestra propia desidia.
