- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Ni siquiera el bono compensatorio anunciado por La Moneda para enfrentar el impacto inflacionario logra contener la indignación de los pescadores artesanales, que se han declarado en estado de alerta por la decisión gubernamental de retirar del Congreso el proyecto de la administración Boric referido a la Ley General de Pesca.
Pese a que las pesquerías son de vital importancia en la economía nacional, el sector artesanal no está considerado ni es tomado en cuenta en la agenda de Kast, donde solo hay espacio para la voluntad de los poderosos que alientan la concentración económica y viven con la obsesión de ganar dinero a manos llenas en desmedro de miles y miles de familias que con sus precarios presupuestos hogareños no alcanzan a llegar al término de cada mes.
Con claridad se advierte en el presente gobierno pinochetista preferir sin modificaciones la mantención de la Ley Longueira marcada por la corrupción, promulgada en 2012 durante el primer periodo presidencial de Piñera y que es calificada como la mayor vergüenza de la política chilena, como que terminó con una diputada y un senador de la UDI en la cárcel.
La explicación oficial dada a conocer por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia es que el retiro del citado proyecto, enviado en enero de 2024 obedece a que será foco de revisión. “Será sometido a un estudio y perfeccionamiento”, se ha argumentado.
El esquema de distribución de las cuotas globales de captura para 23 pesquerías de importancia nacional, será sin duda revertido en favor de las siete familias ricachonas que son las protagonistas de la Ley Longueira. Esta ley les otorga a perpetuidad casi toda la pesca a estas familias enriquecidas con el control absoluto de los recursos pesqueros.
Durante el gobierno de Boric se quiso cambiar estas condiciones de discriminación que se llevan a cabo sobre la base del poder del dinero. En la actualidad ha disminuido su número, pero aún así son más de 60 mil las personas, hombres y mujeres, que viven de la pesca artesanal a lo largo del país.
Si todos los recursos pesqueros se siguen obsequiando a la gran industria, ese número continuará a la baja. Son muchos los que se han cansado de seguir bregando a diario contra los abusos y las desigualdades que castigan a este esforzado sector.
Tratándose de un régimen de extrema derecha admirador del pinochetismo, a nadie podría extrañar que ahora se intente hacer desaparecer al gremio de pescadores artesanales en beneficio de la actividad industrial. La dictadura estuvo marcada por la desaparición de personas de las que nunca se supo. En este caso se teme que se ponga término a un oficio tradicional duro y sacrificado, pero a la vez valioso y necesario.
La iniciativa del gobierno anterior no solo contemplaba la equidad en cuanto a las cuotas de captura, sino también en el ámbito social acceso a la salud y posibilidades de desarrollo. Hoy, al cabo de largo tiempo, de estudio y trabajo, todo ello se pierde de un día para otro.
Al dar a conocer su desaliento por lo ocurrido, los sindicatos afectados dicen que no se puede echar por la borda el trabajo que se venía desarrollando. Allí existían claros avances que ahora correspondía profundizar y dar continuidad, en lugar de hacerlos desaparecer.
“Todos los pescadores artesanales a lo largo del país nos encontramos en estado de alerta ante lo que puede pasar. No puede ser que el gobierno desestime este proyecto y olvide que la Ley Longueira constituye un bochorno de marca mayor para la clase política”, han aseverado.
“Si vamos a tener que salir a la calle lo haremos con fuerza”, afirman. Se recuerda que hace algunos años ha habido especialmente en Valparaíso movilizaciones masivas, corte de la vía pública en las inmediaciones del Congreso y enfrentamientos con carabineros que dejaron heridos y detenidos. Uno de los manifestantes perdió el 50% de su visión porque le llegó en la cara una bomba lacrimógena.
El retiro del mencionado proyecto ha sido un balde de agua fría para los artesanales. Denuncian que “de este gobierno esperábamos algo favorable para nosotros y estamos viendo que todo va en contra. El gesto del gobierno al tomar una decisión que se toma como un patrón de fundo, sin diálogo, esto es un golpe bajo”.
Los peces son propiedad de la nación, que tiene el deber de velar por ese patrimonio. Sin embargo su privatización encaja a la perfección con el modelo neoliberal que en el actual gobierno se pretende intensificar.