13 de abril de 2026 08:49
  • Nicolás Farfán, ex candidato a diputado PDG

En la sociedad chilena, cada vez más marcada por la incertidumbre, la desconfianza y la falta de transparencia, los resultados del Partido de la Gente (PDG) en las últimas elecciones no deberían sorprender.

Zygmunt Bauman, sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico, advirtió hace años que actualmente vivimos en una “modernidad líquida”, donde las instituciones ya no ofrecen certezas que se prolonguen en el tiempo, lo que genera que los ciudadanos se muevan en un terreno inestable entre miedos difusos y deseos urgentes de autonomía.

En ese contexto, el PDG supo leer el fenómeno social, algo que los partidos tradicionales pasaron por alto, y respondieron al anhelo del ciudadano que necesita volver a sentirse protagonista y no cliente del sistema político.

El crecimiento electoral refleja un movimiento subterráneo —invisibilizado en los análisis—, pero que se expresa con claridad: la búsqueda de una libertad activa, que es capaz de transformar la participación en un acto cotidiano de autodefensa y construcción colectiva.

El votante PDG no posee una ideología en el sentido doctrinario; como dijo Parisi, no hay fascismos o comunismos,  pero sí  se reconoce el derecho a vivir libre, bien, sin tutela, sin abusos y sin el peso histórico de categorías que ya no explican el presente.

Entonces, el PDG emerge como una suerte de refugio político para una clase media fatigada. Esa misma clase media que sostiene bienes construidos con esfuerzo, pero que vive al borde del estancamiento y siente que el Estado o la élite no la comprenden.

Esto es un fenómeno conocido y social: cuando la oferta tradicional no resuena emocionalmente, los ciudadanos buscan narrativas nuevas que reconozcan su experiencia concreta. El PDG captó el malestar y utiliza un lenguaje directo, horizontal y sin solemnidad. Se da la dinámica del igual a igual.

El éxito del PDG se debe a su plasticidad: ofrece identidad sin rigidez, pertenencia sin militancia, una forma de comunidad adaptable a tiempos veloces y con resultados visibles. Pero esto también encierra un desafío: si la política se vuelve demasiado líquida, existe el riesgo de la evaporación y ahí no quedan instituciones sólidas.

Por eso resulta pertinente construir institucionalmente una ciudadanía que combine libertad individual con responsabilidad pública, que reconozca derechos y también deberes, y que se involucre más allá del voto. Lo que ocurrió con el PDG es un llamado a actualizar la conversación democrática, es el indicador de que la ciudadanía quiere recuperar voz y agencia, que está cansada de intermediarios que prometen estabilidad sin escuchar la vida real de la gente.

Pero, aquí surge una pregunta compleja, ¿el impulso del PDG podrá traducirse en construcción de estructuras duraderas desde el parlamento o será otro episodio de una política líquida? Sabemos que solo la participación sostenida de su militancia y la rendición de cuentas hacia sus parlamentarios dirá si encuentran su forma.

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