- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Al desistir categórica y definitivamente de la idea de convocar a un nuevo proceso constituyente para dar paso a una Constitución Política democrática en lugar del fiasco ilegítimo que aún permanece vigente, La Moneda ha dado un portazo a amplios sectores populares que estimaban que éste era el momento propicio para sustituir de una vez el bando militar convertido en Carta Magna por la dictadura en 1980.
Era la oportunidad para que antes de irse el gobierno quisiera superar su serie de actuaciones polémicas que han mantenido al país y su gente sin poder salir del lodazal neoliberal y sin que la población consiga surgir ni progresar ni desarrollarse en un medio hostil cuyo único objetivo es privilegiar a los dueños del dinero.
Antes que siga pasando el tiempo y que la actual siga en forma indefinida y llegue a perpetuarse – viene del siglo pasado – se requiere una nueva Carta Fundamental para hoy y las generaciones futuras cuya legitimidad debe darla una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo.
La Constitución pinochetista irrumpió bajo terrorismo de estado, en pleno genocidio y con personas que desaparecían con facilidad. Hasta hoy en el mundo resulta inexplicable que todavía tenga vigencia en Chile cualquier indicio dictatorial, considerando que la tiranía perpetró el asesinato de miles de compatriotas, muchos fueron torturados y otros tantos debieron marchar al exilio.
Lo inesperado fue que esta grotesca expresión autoritaria continuara más allá de 1990, cuando las movilizaciones populares consiguieron la expulsión de los militares del poder. Luego del periodo negro del capitán general hubo diversos gobiernos civiles conservadores contrarios a los cambios que se limitaron a determinados parches y reformas menores que prolongan hasta ahora su sentido antipopular.
Recientemente la opinión pública ha sido sorprendida por la respuesta negativa del Ejecutivo ante los requerimientos del mundo político de Izquierda encabezado por el PC para terminar con esta farsa. La vocera de La Moneda ha señalado que “es un debate que los partidos están libres de proponer. Pero para el gobierno la discusión está cerrada y no está dentro de nuestras prioridades, por lo que no lo vamos a abrir”.
Para este gobierno – elegido por el pueblo, los movimientos sociales y la Izquierda – claramente las prioridades son el tren de Aragua, la muerte a manos de desconocidos de un ex teniente del ejército venezolano acusado de traición a la patria y el viaje de ministros a organismos internacionales para denunciar al régimen socialista de Caracas. No hay voluntad ni interés para trabajar por una nueva Constitución como lo demanda la calle, la que eligió a la actual administración.
De la calle resurge ahora la necesidad de una alternativa popular y democrática que va más allá de los derechos sociales de la gente de a pie. Abarca también la institucionalidad impuesta por la dictadura que acataron respetuosos los mandatarios que le siguieron, a causa de lo cual Chile sufre un retraso de décadas en la democratización del Estado.
Hoy está claro que la Constitución militar debe ser cambiada por una Asamblea Constituyente elegida por el pueblo. Solo con esa fórmula – que en Chile nunca se ha ocupado – se podrá desmantelar la telaraña antidemocrática que tiene por eje la Constitución y que comprende las leyes, las instituciones, la economía, la educación, la cultura, etc.
Las mayorías están por una Constitución que debe estar a la cabeza de los cambios orientados a reformar en profundidad a la sociedad chilena, que garantice los derechos sociales de la ciudadanía y básicamente el derecho universal a salud y educación gratuitas y de calidad. A la vez, tiene que instalar un sistema de seguridad social administrado por el Estado para terminar con el robo de las AFP y las Isapres; atención preferente de niños y ancianos; autonomía de los pueblos originarios y protección del medio ambiente.
La nueva Carta Magna debe fijar límites razonables a las ganancias de inversionistas nacionales y extranjeros; sanciones de cárcel a la colusión de empresas y un salario máximo para acortar las diferencias en los ingresos. Actualmente la desigualdad afecta a gran parte de la población.
Chile enfrenta la agudización de lacras que se acentúan. Los ricos y sus servidores suelen criminalizar la pobreza y se sabe de sucesivos casos de corrupción que dan cuenta del sórdido maridaje de política y negocios. Estos hechos avergüenzan al país y con certeza serán castigados por la Carta Fundamental ciudadana.
Hoy están las condiciones para estructurar una Constitución democrática, de derechos, igualdad, dignidad y justicia social, que abran paso a las nuevas generaciones que llegan dispuestas a terminar de una vez por todas con cualquier indicio de pinochetismo.
Por ello llama la atención que el debate constitucional – por sobre los dos frustrados intentos anteriores – no sea considerado por el actual gobierno, que había ofrecido algo muy distinto al pueblo y sus organizaciones que han sufrido otro duro tropiezo a sus aspiraciones largamente postergadas.
