- Gonzalo Gutiérrez Muñoz, periodista
En julio del año 2018, el Presidente de la República Sebastián Piñera envió al Congreso Nacional un proyecto de ley para sancionar conductas que afectan la convivencia ciudadana y aumentan la sensación de inseguridad.
Esta iniciativa buscaba castigar el daño a la infraestructura de educación o transporte, hacer rayados o grafitis, orinar en la calle, acumular basura fuera de los domicilios, consumir alcohol en la vía pública y vender licores de forma clandestina, entre otras actitudes, tipificando penalmente algunos casos.
El Senado aprobó la idea de legislar, pero tras un informe de la Corte Suprema el proyecto quedó congelado el año 2019.
Después vino el estallido social del 18-O, registrándose un quiebre profundo de las conductas cívicas. Se generó un retroceso cultural en el respeto por lo público y en la convivencia urbana.
Hoy día no hay ley que regule las incivilidades, pero sí existen normas como las que regulan las carreras clandestinas, por poner un ejemplo.
Después nos encontramos con las ordenanzas que dictan las municipalidades, cada una preocupada por temas que surgen de las opiniones de la comunidad.
Así por ejemplo, cada municipalidad fija sus disposiciones para el comercio callejero, restringe las ventas de alcohol y drogas en plazas y al interior de los autos, sanciona la instalación de parrillas, muebles y electrodomésticos porque las veredas no son un quincho, etc.
Otras corporaciones se preocupan por los rayados de inmuebles y monumentos, regulan el comportamiento de los cuidadores de autos, desalojar a quienes se instalan con carpas en las vías y ejercen el control sanitario en playas durante la temporada veraniega.
En lo concreto no hay una legislación que combata todas estas incivilidades y cada comuna dicta normas de acuerdo a la realidad en que se convive con los ambulantes y las conductas humanas en sus diversas manifestaciones.
