- Son 139 los fallecidos durante el siniestro, y a más de un año “Van más de 24 fallecidos por suicidio, y no queremos que ese número siga creciendo”, señalan desde los familiares de las víctimas.
El megaincendio que arrasó con Viña del Mar y Quilpué el 2 y 3 de febrero de 2024 no solo dejó una huella de destrucción y dolor, sino que también abrió un debate internacional sobre la responsabilidad del estado. Un informe técnico, gestionado por los abogados de familiares de más de 65 fallecidos en la tragedia, fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a relatores de la ONU, denunciando omisiones en la prevención, fallas en la respuesta y abandono posterior a miles de afectados.
A través de esta acción, se busca que el Estado de Chile entregue explicaciones claras sobre las medidas adoptadas antes, durante y después de la catástrofe, y que se comprometa con mecanismos concretos de reparación.
Al respecto, el abogado Felipe Olea precisó: “Una violación de derechos humanos (…) que el Estado de Chile pretende relegar al olvido”, apuntando directamente a las negligencias que costaron la vida de 139 personas y destruyeron más de un tercio de la ciudad.
En detalle, el documento identifica responsabilidades en organismos como Conaf, por deficiencias en la prevención y gestión de alertas; Senapred, por tardanza en la emisión de evacuaciones; y el propio Gobierno, por omisiones en la reconstrucción y apoyo psicosocial. En esa línea, el jurista enfatizó en que “estamos convencidos que esta catástrofe es de responsabilidad del Estado de Chile en un amplio sentido, incluyendo al Gobierno, las instituciones y hasta las municipalidades. Creemos que estamos ante una verdadera violación de derechos humanos, protegido por los tratados internacionales, y es por ello que pedimos que la comunidad internacional, por medio de la ONU, verifique la existencia de estas vulneraciones que el Estado de Chile pretende relegar al olvido”.
SUICIDIOS
Desde la voz de las víctimas, Rigoberto Saint Jean Medina, hijo de Alicia Medina Guerrero, fallecida en el incendio, recalcó que “a más de un año y medio de la tragedia, sentimos aún el abandono. La denuncia de violación de derechos humanos representa el sentir que tenemos más de 65 familias (…) Es hora de que algún ente internacional como la ONU se pronuncie y que llegue al resguardo de nosotros como familias afectadas. Van más de 24 fallecidos por suicidio, y no queremos que ese número siga creciendo”.
Lo que se busca con esta denuncia no es solo justicia, sino visibilizar el abandono que persiste a más de un año del desastre: “Existe un sentir de abandono entre las víctimas del megaincendio que se suma al dolor de haber enfrentado una tragedia como esta, sin que nadie a la fecha se haga responsable de las negligencias que produjeron la muerte de 139 personas, y provocó la destrucción de más de un tercio de la ciudad”, añadió Olea. Con ello, se espera que la comunidad internacional exija explicaciones formales, recomiende medidas inmediatas de reparación y supervise que nunca más una catástrofe de esta magnitud sea respondida con negligencia y desprotección en nuestro país.
