- Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales, CER, plantea que “la política nacional de descentralización podría ser un esfuerzo sin resultados concretos a causa de los conflictos entre los partidos”
Manuel Tobar Leiva, licenciado en Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Lovaina, Bélgica, autor del Tratado de Derecho y Administración Regional, Presidente del Centro de Estudios de la Región de Valparaíso, respondió el siguiente cuestionario al ser consultado por el diario El Mercurio de Valparaíso.
1.- ¿El proceso de descentralización avanza bien, regular o mal, y quién tiene la principal responsabilidad en ello?
En descentralización política, la Convención Constitucional propuso dotar de potestad legislativa a las instancias regionales. ¡Iniciativa fracasada! En descentralización administrativa, las transferencias de competencias han sido mínimas, y los GORES ni siquiera tienen servicios públicos para ejecutar sus propias políticas y estrategias. En Descentralización Fiscal, la Ley del Royalty ha sido un avance y la promesa de la Ley de “Regiones más fuertes” es una esperanza. Sostengo que hace falta una estrategia para guiar este proceso de suyo complejo. Por ello, valoro la elaboración de una Política de Estado en descentralización que supone ordenar y sistematizar los pasos a seguir.
2.- El proyecto de Ley de Financiamiento, Descentralización Fiscal y Responsabilidad Fiscal Regional, “Regiones más fuertes”, de 2023, está recién en primer trámite constitucional. ¿Qué le parece?
Recordemos que el Ministro Marcel señaló que «es un proyecto que constituye el salto más importante que vamos a tener en materia de descentralización fiscal desde la vuelta a la democracia”. El contenido de la iniciativa así lo confirma, y junto a la Ley del Royalty Minero, se daría por cumplida en parte una sentida aspiración del movimiento descentralizador. Con todo, el propio proyecto plantea una implementación gradual, dada la formulación de normas muy transformadoras: sistema financiero autónomo, reglas fiscales regionales, presupuesto con programación a 3 años plazos, cobro de tasas y derechos, endeudamiento, entre otras materias.
3.- Apunta en esencia a dar mayor autonomía financiera a las regiones, agilizar la inversión pública regional y elevar los estándares de transparencia y probidad. ¿Dónde será más complejo llegar a acuerdos?
Siempre ha habido un rechazo a los tributos regionales de quienes ven en la rebaja de la carga impositiva la única manera que la economía crezca. Lo mismo ocurre con la capacidad que los GORES puedan endeudarse y en consecuencia aumentar el endeudamiento del país al borde de la línea roja del 45% del PIB. Si a ello se le suma la incapacidad de llegar a acuerdos de un sistema político polarizado entre izquierda y derecha con ausencia de un centro moderador, cualquier proyecto puede sucumbir. Incluso la política nacional de descentralización podría sufrir el triste porvenir de ser guardada en el cajón de un escritorio.
4.- En 2022 Claudio Orrego pidió invalidar las 13 competencias traspasadas en el gobierno anterior porque llegaron sin recursos ni personal adicional, y en esta región de las cinco del actual gobierno solo se aceptaron dos. ¿Esa va a ser la tónica?
El rechazo a la oferta por oficio de nuevas atribuciones, puede parecer un contrasentido para el avance de la descentralización. Sin embargo, tales transferencias son letra muerta sin personal ni recursos. A los GORES no se les autoriza cupos para contratar personal propio e incluso son competencias que al no ser cumplidas podrían dar lugar al abandono de deberes de los gobernadores. Esta práctica tramposa socava la credibilidad y legitimidad de la administración regional. El éxito de la descentralización se juega fundamentalmente en la buena gestión regional. ¡El pecado es del gobierno central!
5.- Hay quienes plantean, como el ex Subdere Ricardo Cifuentes, que mientras no haya adecuado balance de poder entre el core y el gobernador, ni medidas pro transparencia para evitar abusos, “no podemos pedir más transferencias”.
Comparto con el diputado que el Consejo Regional tiene el deber constitucional de ejercer efectivamente su potestad fiscalizadora, que no siempre ejerce. También estoy de acuerdo que se requiere más transparencia en el uso de los recursos regionales. Pero de ahí a pretender impedir que los GORES soliciten mayores competencias, es darle un portazo al avance del proceso descentralizador. Proceso además limitado por un precepto que restringe las solicitudes de traspaso de los GORES a los dos primeros años del gobierno central. ¡Inaudito!
6.- ¿El Caso Convenios con entrega directa de recursos a hoy cuestionadas fundaciones, dañó la fe pública en los gobiernos regionales?
¡Sin duda! Para muestra un botón. Consultado el vicepresidente de la Cámara de Diputados Erick Aedo, si el tema de la descentralización estará en la agenda de la corporación el 2025, responde que “NO”. Su fundamento es la corrupción en el caso convenios. Sin embargo, no olvidemos que fueron los parlamentarios y el gobierno de Bachelet, los que asignaron a los Gobernadores la atribución de resolver la inversión inferior a las 7 mil UTM. Con esa facultad se urdió discrecionalmente el financiamiento de los citados convenios. Esta disposición nunca la tuvieron los Intendentes. Soy partidario que la potestad resolutiva de las inversiones se radique en los consejos regionales, toda vez que en esa instancia hay un control natural y efectivo, debido a la pluralidad política y territorial de sus integrantes.
7.- ¿Concuerda con el Consejo Asesor para la Política de Descentralización que criticó la creación del Ministerio de Seguridad porque al reforzar las atribuciones de los delegados presidenciales “más parece una medida que fortalece el centralismo de lo que favorece a la descentralización”?
La creación de ese ministerio conlleva la desconcentración de funciones en el territorio en un SEREMI de seguridad que debe velar por el orden público. Respaldo a la Ministra Tohá en el sentido que los gobiernos regionales deben ser fortalecidos en las materias del desarrollo productivo, ordenamiento territorial y el medio ambiente, en lo cultural y de la ciencia, tecnología el conocimiento y la innovación. Pero gobiernos regionales encargados de la seguridad es contrariar la naturaleza jurídica de un Estado Unitario. Ello no quita que orientados por el principio de coordinación de la Ley de Bases ese Ministerio pueda acordar con el gobierno regional objetivos comunes en inversiones en seguridad.
