- Jorge Rosales, ex candidato a concejal en Molina
En el concejo del pasado jueves el concejal Martínez pronunció una frase que, en principio, debiera concitar pleno acuerdo: dijo “no a la violencia política”. Y tiene razón. No hay que normalizar que se ataque a las autoridades, porque en política no todo vale. Ese principio no se discute.
Sin embargo, lo que sí se discute y debe discutirse, es la autoridad moral de quien lo enuncia. Y en este caso, la incoherencia salta a la vista. Hace apenas tres meses, el mismo concejal publicaba en sus redes sociales un mensaje profundamente clasista, odioso y discriminador: la insinuación de que, si eres de escasos recursos y no piensas como la izquierda, entonces eres un ignorante.
Eso, señor concejal, no es otra cosa que violencia política. Violencia simbólica, violencia discursiva. Una agresión dirigida no solo a quienes piensan distinto, sino a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Reducir a las personas de menores recursos a meros receptores de ideología, negándoles la capacidad de pensar con autonomía, es un acto de violencia política tanto o más grave que los ataques explícitos.
Por eso resulta irrisorio escuchar en el concejo municipal a un concejal hablar de paz y respeto, mientras en la práctica se conduce con publicaciones que dividen, denigran y estigmatizan. La política exige coherencia, no oportunismo. Y lo mínimo que puede pedirse a una autoridad electa es que sus palabras no contradigan de forma tan burda sus actos.
El concejal Martínez no se muestra aquí como un referente ético, sino como un personaje político más, incapaz de sostener con hechos el discurso que proclama. Y en ese contraste, entre lo que se dice y lo que se hace, radica la verdadera violencia que daña la política local.
