
- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
El proyecto presentado o reactivado en el Senado para otorgar la libertad a los reos mayores de 70 años, así como a los reclusos afectados por enfermedades de tipo mental o terminal, es otro intento de la derecha pinochetista para seguir ampliando y prolongando la impunidad a los violadores de los derechos humanos durante la dictadura.
La iniciativa parlamentaria no tiene nombre y apellido, pero queda claro que busca favorecer a quienes durante 17 años perpetraron todo tipo de delitos de lesa humanidad y que ahora quieren regresar a sus domicilios para pasar los días en la placidez familiar sin haber hecho mérito alguno para ello.
Los criminales de Punta Peuco jamás han tenido al menos algún grado de arrepentimiento ni han entregado información sobre el lugar donde quedaron los restos de los detenidos desaparecidos, en pleno conocimiento de que el hallazgo y sepultación de esas osamentas significaría un alivio para viudas, hijos, nietos o parientes que han pasado por largos años de angustia.
El citado proyecto entrega conmiseración a un grupo de malhechores que nunca la tuvieron con quienes pensaban distinto y viven satisfechos aferrados al pacto de silencio que dejó el dictador tratando de aminorar las brutales fechorías que estremecieron al mundo.
Jamás los agentes de la tiranía tuvieron piedad con sus víctimas, no les preguntaban la edad ni si sufrían de alguna enfermedad. Tampoco si estaban en tratamiento médico o habían tomado sus medicamentos, sino que simplemente hacían uso de la licencia que les había otorgado el régimen de facto para matar, secuestrar, torturar o hacer desaparecer, o todo ello a la vez.
Aquí lo único que se pretende es beneficiar a los uniformados que – aunque hayan pasado los años son los mismos criminales que quisieron “salvar a la patria” eliminando a miles de compatriotas a destajo. Son los mismos que actuaron con perversión, premeditación y alevosía, al amparo de un terrorismo de Estado que pareció interminable.
En Punta Peuco están los que creyeron que la dictadura sería eterna, de modo que nunca nadie les pasaría la cuenta. También permanecen allí otros confiados en que políticos de su misma calaña saldrían en su defensa, como ha ocurrido antes y vuelve a suceder ahora. La mayoría se “olvidó” de los tantos homicidios perpetrados con ferocidad.
Ciega, pero con buena memoria, la senadora independiente Fabiola Campillai – primera mayoría nacional en las últimas elecciones parlamentarias – ha salido al paso de los que quieren ayudar a los olvidadizos, y en la Cámara Alta les ha refrescado la memoria. Los crímenes cometidos llevaron el dolor a miles y miles de modestas familias chilenas.
Ella ha pedido mejorar las condiciones no solo de los mayores de edad sino de toda la población penal, porque – dijo – “hoy hablamos de esto porque va dirigido. Nadie me tiene que decir cómo son las condiciones carcelarias, porque yo vivo en una población en que hay mucha gente presa, pero de esa gente nadie se preocupa”.
La senadora Campillai que perdió la vista por el impacto de una bomba lacrimógena que un oficial de Carabineros le disparó al rostro durante el estallido social, siguió: “hoy nos preocupamos por un proyecto que quiere sacar de Punta Peuco a los presos por crímenes de lesa humanidad, y no vengamos con mentiras. Preocupémonos de todas las personas de todos los penales, no solo de un sector privilegiado, porque hay que sacarse la careta”.
Al hablar la parlamentaria de ese sector privilegiado, muchos se acuerdan de que los reclusos de Punta Peuco están en un motel 5 estrellas, con beneficios y granjerías que no hay en otros establecimientos penitenciarios. Solo a un presidente de la Concertación se le pudo haber ocurrido enviar a una patota de asesinos y torturadores a un lugar exclusivo solo por pertenecer a la familia militar.
Se trata de la enésima intentona de la derecha política por socorrer a la derecha uniformada. Esta cometió inimaginables errores y horrores durante la dictadura, el peor de los cuales fue haber declarado la guerra al pueblo para tratar de exterminarlo.
En el tiempo del terrorismo de Estado había fusilamientos todos los días, los “suicidios” se sucedían uno tras otro, había gente acribillada por la espalda en razón de la ley de fuga, las ejecuciones en la vía pública eran presentadas como confusos incidentes por la prensa oligárquica que es la misma que circula hoy y personas que salían en la mañana de sus hogares a cumplir sus actividades en el curso de la jornada desaparecían como por arte de magia era el crimen organizado en todo su esplendor.
Premiar con la libertad a los facinerosos que cometieron tales barbaridades no se justifica ni tiene sentido el pueblo debe movilizarse y ejercer presión para que la impunidad no se siga extendiendo en Chile.