- Osvaldo Urrutia Soto, consejero regional, ex diputado
Seis años después de los hechos de violencia iniciados en octubre de 2019, el balance judicial de ese período empieza a mostrar cifras que invitan a una reflexión incómoda.
Más de 200 carabineros siguen hoy sometidos a procesos judiciales o medidas cautelares por hechos ocurridos en ese contexto. Muchos de ellos enfrentan arraigo nacional, firma periódica o suspensión de sus funciones, y algunos debieron pasar a retiro anticipado, con el evidente perjuicio económico y familiar que ello implica.
En paralelo, miles de causas por saqueos, incendios y ataques a infraestructura pública terminaron archivadas sin responsables identificados. Incluso en uno de los episodios más graves de ese período —la destrucción del Metro de Santiago— 118 estaciones resultaron dañadas o incendiadas, y hasta hoy no se ha logrado identificar ni a los autores materiales ni a los responsables intelectuales de esos ataques.
Nadie discute que eventuales abusos deban investigarse y sancionarse cuando corresponda. El problema no es solo lo que ocurrió en 2019, sino el balance judicial que esos hechos han dejado. Cuando se observan las cifras en su conjunto, el contraste resulta difícil de ignorar.
Porque cuando quienes destruyen quedan en la sombra y quienes intentaban contener la violencia enfrentan años de procesos judiciales, la sensación que queda no es de justicia, sino de parcialidad e impunidad.
