- Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Cuando la justicia demora mucho o lleva largos años en una investigación sin emitir el fallo pertinente, pareciera que no es tal porque con el tiempo los hechos tienden a diluirse: es el caso del profesor de Historia, Félix Figueras Ubach, quien perdió la vida en Valparaíso cuando estaba en manos de personal uniformado a comienzos de la dictadura.
Su muerte se produjo el 15 de diciembre de 1973 en un recinto de la Armada, en Playa Ancha, donde era sometido a violentas sesiones de tortura cuya crueldad inusitada provoca estupor hasta el día de hoy en que cuesta explicarse cómo el país cayó en manos de la perversión más abyecta.
El ministro en visita extraordinario para causas de violación a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Max Cancino, acaba de condenar a tres funcionarios en retiro de la Armada – Erwin Conn, contraalmirante; Héctor Santibáñez, capitán de fragata y Juan Reyes, suboficial – a la pena de cinco años y un día de cárcel “por la responsabilidad que les cabe en el secuestro y grave daño” contra el citado docente, ampliamente conocido en esferas académicas.
Figueras fue detenido en su domicilio en Viña del Mar en presencia de su madre y su hermana. La detención la practicaron arbitrariamente militares del Regimiento Coraceros el día 11 de diciembre, tras lo cual fue entregado a la institución naval.
En esos momentos el terrorismo de estado estaba desatado y las víctimas del genocidio comenzaban a sumar. Se castigaba duramente a cualquiera con apariencia de opositor y los familiares no tenían dónde ni a quién recurrir en busca de ayuda, luego de que el dictador declarara directamente la guerra al pueblo.
Desde muy joven, cuando ingresó a Escuela de Derecho en 1962, Félix Figueras era simpatizante del Partido Conservador Unido. Pero en la universidad conoció la realidad, cambió, evolucionó y durante el gobierno de la Unidad Popular se sumó a la legión de jóvenes que apoyaban al presidente Allende por su gobierno en favor del pueblo y la clase trabajadora.
Ese cambio fue fundamental para los servicios de inteligencia militar. El poder castrense nunca le perdonó esa evolución y haberse incorporado a la juventud del movimiento popular que aspiraba a una mejor sociedad por la que trabajaba el Presidente de la República.
Hubo un momento en que Figueras decidió dejar la carrera de Derecho y pasó a estudiar Pedagogía en Historia. Se tituló e hizo clases en el prestigioso Instituto Pedagógico de la sede regional de la Universidad de Chile, la que fue desmantelada y dejó de funcionar en 1981 por orden dictatorial.
Hijo de padres españoles llegados años atrás a Chile, el historiador fue un activo partidario del gobierno popular que atravesaba por tiempos difíciles. Tras el golpe de estado mantuvo sus valores democráticos junto a las mayorías que rechazaban la sangrienta sublevación militar convertida en un espantoso genocidio. Su deceso se produjo a la edad de 30 años.
La detención, secuestro y muerte de Figueras tomaron de sorpresa a sus más cercanos, porque era solo un académico con inquietudes sociales que no había cometido delito alguno. Su caso es similar al de otros muchos chilenos que pagaron con su vida el hecho de no coincidir con la junta de gobierno en la forma violenta y abusiva en que se manejaba al país.
Su muerte ocurrió – según el dictamen judicial – por las graves lesiones sufridas al lanzarse al vacío desde el cuarto piso del cuartel Silva Alma, al no poder soportar las implacables sesiones de tortura a las que se le sometía. Este cuartel ubicado en el sector Artillería próximo a la Academia de Guerra Naval, era conocido como “el palacio de la risa” por todos quienes habían sufrido allí increíbles tormentos y suplicios que ejecutaban funcionarios navales “especializados” para castigar a los opositores y tratar de obtener información.
Desde los inicios de la dictadura, Valparaíso supo de figuras del allendismo que murieron en circunstancias que nunca se aclararon luego de su detención. Una de esas víctimas fue el constructor civil e interventor de la CCU, Jaime Aldoney, el primer detenido desaparecido de la Quinta Región, cuyos restos jamás pudieron ser localizados.
Igual suerte corrió el sacerdote Miguel Woodward, secuestrado por una patrulla de la marinería – se ignora bajo qué cargo – en vísperas de Fiestas Patrias y llevado desde la parroquia del cerro Placeres hasta el buque escuela Esmeralda. Fue la última vez que se le vio con vida. Es otro desaparecido.
Estos y otros casos siguen esperando justicia, verdad y reparación. Tal como lo ocurrido con el académico Figueras, estos hechos deben volver a actualizarse para impedir que sigan sumidos en el olvido y la impunidad que son una vergüenza para el pueblo.
