- Por vía aérea y marítima funcionarios navales armados abordaron la nave “Manantial” que estaba varada, profiriendo amenazas verbales contra la tripulación
El abogado Guillermo Kegevic Ahumada, interpuso una querella criminal en contra de la Capitán de Puerto de Talcahuano, teniente Camila Ovalle Lagos, en el Juzgado de Garantía de esa ciudad, por el delito de aplicación de tortura o apremios ilegítimos, sancionados por el Código Penal, en perjuicio del armador ecuatoriano Ángel Efraín Bonilla Villalba y de quienes lo acompañaban en la nave.
Según el contenido del libelo, el día 12 de agosto del presente, en horas de la mañana, en la Bahía de Talcahuano, frente a la Isla de los Reyes, Región de Bío Bío, la motonave “Manantial”, que se encuentra varada, la capitán de puerto ordenó y consintió una operación de abordaje desproporcionada, abusando de su cargo y funciones.
Dicha operación involucró el uso excesivo e injustificado de fuerza policial por parte de los funcionarios de la Armada de Chile, que incluyó el despliegue de lanchas inflables, que transportaba personal armado y equipado, con chalecos antibalas debidamente uniformados, en que se leía “Policía” y “Armada de Chile”.
El abordaje a la motonave se inició por vía aérea, descendiendo del helicóptero mediante cuerdas, varios funcionarios navales, apuntado al armador, que es de la tercera edad, y a los ocupantes que lo acompañaban en la embarcación.
Este personal profirió amenazas verbales y denigrantes contra el armador por su condición de ciudadano ecuatoriano, recibiendo expresiones discriminatorias y amenazas por tener en sus hombros la bandera de su país.
A esta presencia, se sumaron los funcionarios navales que se movilizaban en lanchas inflables los que también abordaron la nave.
La alta presencia de personal de la Armada, derivó en detenciones arbitrarias y manipulación física de los ocupantes, los que fueron conducidos a permanecer en la cubierta del “Manantial”.
Para el abogado Kegevic, estas acciones no responden a una emergencia, persecución de delito o riesgo inminente, sino únicamente a una fiscalización rutinaria, que podía realizarse de manera pacífica y proporcional, como ocurrió en ocasiones anteriores.
El uso de armas de guerra, amenazas y denigración constituyen apremios ilegítimos y torturas, causando daños sicológicos y morales graves, además de vulnerar los derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política.
Para estos efectos el profesional acompañó fotografías y videos en que se aprecia el despliegue del personal naval.
