- Francisco Bartolucci Johnston, abogado y profesor de Derecho
Algunos principios básicos. El derecho-deber de las autoridades en el control de los flujos migratorios. Efectos negativos de la permisibilidad. Compromiso de los candidatos presidenciales.
En materia de inmigración de extranjeros a un país, lo primero que debe tenerse en cuenta es la obligación que asiste a los Estados de regularla debidamente para que resulte beneficiosa para el país que los recibe, para sus ciudadanos y para los propios inmigrantes.
Así, entonces, debe considerarse, y muy primordialmente, que la “inmigración no es un derecho” para nadie; por el contrario, es un derecho-deber de cada Estado que sus autoridades tienen la obligación de ejercer para regular los flujos migratorios. Las consecuencias de un proceder negligente (o no proceder) de las autoridades, ya sea por razones ideológicas o por incompetencia, suelen provocar un grave deterioro en las condiciones de vida de una sociedad. En el ejercicio de este derecho-deber cada país debe reforzar su legislación y el control de sus fronteras para evitar la inmigración ilegal y la trata de personas.
Como se ha señalado, la renuncia de los gobernantes y autoridades político-administrativas de un país al derecho-deber de controlar y organizar la inmigración trae aparejadas una serie de derivaciones negativas. Bien lo sabemos nosotros que, dada la desidia o la complicidad de nuestros gobernantes y dirigentes políticos en esta materia, hemos debido, los últimos años, sufrir una serie de muy dañinas consecuencias, entre las cuales destacan el aumento de la pobreza interna, con la consiguiente ampliación del gasto público para enfrentarla y el colapso de servicios asistenciales; el aumento en los déficit de vivienda, de la mano con la usurpación de propiedades privadas y generación de nuevos campamentos, fuentes de indigencia y criminalidad; el descontrol del trabajo informal que desborda calles, plazas, paseos, playas y demás lugares públicos que son arrebatados a los ciudadanos; la proliferación de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado junto a la formación de “bandas” y “carteles” de origen foráneo y la consiguiente aparición de nuevas y graves formas delictivas como el secuestro o el sicariato; tampoco faltan desagradables manifestaciones de incivilidad ajenas a nuestra cultura e idiosincrasia, por enumerar algunas de las inconvenientes resultas negativas.
El cuadro arriba descrito se agrava alarmantemente cuando la autoridad política, como sucede hoy en Chile, demuestra una completa incapacidad para enfrentar las nocivas consecuencias de una inmigración descontrolada que no supieron o no quisieron detener y que a veces, incluso, la alentaron u organizaron, como en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Esta inacción y/o ineficiente respuesta al fenómeno migratorio deja una sensación de permisibilidad que lo mantiene vivo, sin control y en pleno desarrollo, bien lo sabe el crimen internacional que ha hecho de nuestro país un sitial de preferencia.
El tema de la inmigración invasiva y descontrolada y sus nefastas consecuencias debe ser una especial preocupación de los candidatos presidenciales, quienes han de manifestar con claridad su posición al respecto. Los ciudadanos tenemos el derecho a conocer su parecer para decidir nuestro voto en el próximo mes de noviembre.
