- Jorge Rosales, ex candidato a concejal en Molina
Recientemente, los concejales José Lizana, Cristián Martínez y Alejandra San Martín presentaron una denuncia ante el Tribunal Electoral Regional con el fin de inhabilitar a la ex alcaldesa Priscilla Castillo.
Han señalado una serie de presuntas irregularidades durante su administración. Independientemente de si dichas acusaciones prosperan o no, es justo reconocer que están ejerciendo una de sus funciones esenciales: la de fiscalizar.
Ahora bien, hay un hecho que no puede pasar desapercibido. Hace solo unos días, fue inhabilitado, dada una observación de Contraloría, el hoy ex director de Medio Ambiente, Santiago Correa. ¿El motivo? Haber accedido a su cargo mediante concurso público, pese a mantener una relación sentimental con la entonces alcaldesa. Una relación que, por lo demás, era pública y conocida desde hace años.
Y aquí surge una legítima pregunta: ¿Por qué ningún miembro del concejo anterior llevó este caso ante la Contraloría cuando correspondía?
Pueden formularse múltiples hipótesis en torno a esa omisión. Incluso presumiendo la buena fe. Pero lo concreto es que han pasado más de siete meses desde la salida de la ex alcaldesa, y solo ahora se cuestionan estos nombramientos.
Más aún: uno de los mismos concejales que ejerció en el periodo anterior declaró en radio VLN que, por ser pareja de la ex alcaldesa, Correa no podía ejercer el cargo, ya que ello vulneraba el principio de probidad.
Y es cierto en principio desde el punto de vista jurídico, esa afirmación es correcta.
Pero, si aquello era tan evidente entonces, ¿por qué no se actuó conforme al artículo 79 de la Ley 18.695, cuando aún había tiempo y responsabilidad para hacerlo?
Este tipo de omisiones, especialmente cuando se subsanan solo después de un cambio de administración, pueden ser vistas, desde sectores críticos, como una forma de oportunismo político.
La fiscalización no puede ni debe depender del momento ni del color político de quien esté en el poder.
Fiscalizar solo cuando conviene no es fiscalizar, es instrumentalizar un cargo público con fines personales o partidistas.
La verdadera fiscalización es aquella que se ejerce de forma constante, imparcial y guiada exclusivamente por el interés público. Solo así se honra la función, se fortalece la democracia y se restituye la confianza ciudadana en nuestras instituciones.
