- Ella se siente humillada, desvalida y vulnerada, ya que fue desvinculada por la resolución de una comisión médica en la que no hay ningún especialista asociado a su enfermedad, conocida como “disautonomía”, la que está controlada
“La Policía de Investigaciones PDI, discrimina a las personas con discapacidad haciendo caso omiso de la ley N°21.015 de Inclusión Laboral que tiene por finalidad promover una inclusión laboral eficaz de las personas con discapacidad tanto en el ámbito público como en el privado”, expresó Karem Faúndez Silva que fue despedida por la institución, asegurando que se han cometido arbitrariedades sobre una enfermedad mental que la tiene controlada, ya que ha sido perjudicada por una comisión especial en que no hay un médico especialista.
Ella explicó lo sucedido: “Hasta el mes de diciembre de 2024 era una funcionaria pública, puntualmente una oficial de la Policía de Investigaciones de Chile, abocada en mi caso como jefa de un área dedicada al registro y filiación de los detenidos en la ciudad de Valparaíso, manteniendo una relación constante con los diferentes tribunales del país, fiscalías y en general, con todos los estamentos y entidades públicas que requerían de Asesoría Técnica Regional Valparaíso. No obstante, mi gran dificultad surgió en el año 2020, cuando se me diagnosticó “Disautonomía”, que es una enfermedad producida por un trastorno en la regulación del sistema nervioso autónomo, patología desde que me fue declarada no ha sido ningún impedimento para poder desenvolverme como detective de la PDI, pero a contrario sensu, la Comisión Médica de Investigaciones en un actuar poco justo e irracional, con fecha 13 de junio de 2024, a través del Informe Técnico Reservado N° 310 declaró que mi diagnóstico representaba una condición médica y fisiopatológica que me imposibilita usar un arma de fuego en mis funciones policiales, opinión que en definitiva derivó en que la máxima autoridad de la Policía Civil, Director General don Eduardo Cerna Lozano tomara la decisión de disponer mi alejamiento de la institución, sin ningún tipo de derecho, dejándome desvalida desde el punto de vista económico, sin salud ni previsión médica, no importándole que mantenía 18 años de servicios en la PDI, sumado a que en el momento de mi ingreso a Investigaciones lo hice absolutamente sana”.
“Así consta en los exámenes y pruebas de admisión –agrega-, enfermándome por cuestiones accidentales, toda vez que esta enfermedad en su oportunidad me hizo desembolsar grandes sumas de dinero, pero gracias a Dios hoy puedo decir que está controlada, es más, un mismo médico de la Dirección de Previsión de Carabineros, precisó que podía cumplir mis funciones sin ningún tipo de inconvenientes, contradiciendo la opinión de la Comisión Médica de la PDI, la cual no está integrada por ningún especialista asociado a mi enfermedad. Sin embargo, ellos con toda autoridad concluyeron que no puedo tomar un arma de fuego, ante lo cual ellos, médicos, circunscriben toda la función policial al porte y tenencia de arma de fuego, no a una investigación especializada de los delitos”.
Al continuar con su declaración Karem Faúndez agrega: “en ese mismo orden de cosas, desde al año 2020 a la fecha de mi desvinculación, fui evaluada por diferentes jefes, incluso dentro de ellos, dos prefectos inspectores, quienes tienen un grado similar al de un general de la república, siendo calificada de excelente manera, cuestión que se traducía en mantener mi jefatura, por tanto mi alejamiento no se debe a un desempeño deficiente, sumarios administrativos, actos asociados a corrupción, irrespeto a los derechos humanos o que atenten contra la dignidad de las personas, sino que se debe específicamente a una enfermedad, la que puede afectar a cualquier ciudadano de este país. En ese mismo sentido y a modo de ilustrar, en el año 2021 se me otorgó una credencial de discapacidad por parte de COMPIN”.
Siguiendo con su relato añadió: “En consecuencia, la Policía de Investigaciones de Chile resolvió sacar de sus filas a una persona con discapacidad, quien por el contrario demostró desde la fecha de su diagnóstico año 2020, que podía ejercer sus funciones al interior de la institución, basándose únicamente en el descriterio de su Comisión Médica, la que, sin contar con especialista dentro de su conformación, dispuso que ya no debía formar parte de la policía. En ese aspecto, como mujer me siento desvalida, incluso humillada, ya que un garante de nuestras leyes como es la PDI, incumple la Ley N° 20.422 que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde el 2010, texto que en conjunto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas tienen por objeto otorgar un sólido marco legislativo a las personas con discapacidad. Sin embargo, ello en la especie no se aprecia, por cuanto una entidad pública, que recibió a un persona absolutamente sana, de forma ilegal y arbitrariamente decidió despedirme y dejarme sin atención médica, por el solo hecho de ser discapacitada, desconociendo gravemente que al interior de la PDI existen otros funcionarios con el mismo diagnóstico, incluso algunos con cuadros o enfermedades más imposibilitantes, no producto del servicio, los que se mantienen activos”.
Ella solo pide “que tengan presente estas palabras, ya que como mujer discapacitada me veo altamente vulnerada, menoscabada y humillada por el actuar de un órgano del estado”.
Su caso será exhibido en el Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso el 19 de marzo próximo a las nueve treinta horas.
