*Hugo Alcayaga Brisso, periodista
Los homenajes populares al presidente Salvador Allende, el emotivo recuerdo de las víctimas de la dictadura y el proyecto de ley gubernamental para el financiamiento de los sitios de la memoria, a 52 años del golpe de estado y el inicio de la tiranía militar – empresarial, marcan este septiembre en que se ha cumplido un nuevo aniversario del alzamiento de las FF.AA. encabezado por una patota de generales y almirantes ávidos de poder y enemigos del pueblo.
En ese tiempo aciago perdieron la vida el presidente constitucional elegido democráticamente tres años antes y miles de compatriotas asesinados con premeditación y alevosía – muchos de ellos detenidos desaparecidos – en tanto fueron demolidas la democracia y sus instituciones, el Congreso Nacional, los partidos, sindicatos y el tejido social, todo lo cual ha costado mucho reconstruir.
Con la consecuencia que le acompañaba desde la juventud, Salvador Allende nunca ocultó sus ideas o se mimetizó con el centro político, porque permite todo tipo de transacciones: había llegado a la primera magistratura desde la Izquierda para liderar un proyecto revolucionario decidido a impulsar cambios relevantes por medio de la función rectora del estado como motor del desarrollo y el término de la brecha de la desigualdad ante la ira y el rechazo de las clases dominantes tocadas en sus intereses.
Chile sufrió durante 17 años una pesadilla de horror que constituyó la página más negra de la historia patria, por parte de quienes no solo bombardearon La Moneda tratando de provocar la muerte del mandatario y sus colaboradores sino que se instalaron a sangre y fuego en el poder desde el cual pretendieron exterminar a toda una clase social por el solo hecho de pensar distinto y no disponer de recursos económicos.
Este 11 de septiembre se ha cumplido otro aniversario del afán pinochetista por querer exterminar a toda una clase social que se proyectaba hacia el futuro mediante una democracia plena en que sobresalían valores como la igualdad y la dignidad, la inclusión y la justicia social, la participación y la solidaridad, las que fueron ejecutadas a sangre fría, con un odio no conocido hasta entonces.
En palabras del presidente Allende, el gobierno popular se proponía a “construir el socialismo en forma progresiva a través de la lucha consciente y organizada en partidos y sindicatos libres. Nuestra vía, nuestro camino es el de la libertad, libertad para la expresión de las fuerzas productivas, rompiendo las cadenas que hasta ahora han sofocado nuestro desarrollo”. La vía chilena al socialismo planteaba la igualdad para superar progresivamente la división entre chilenos que explotaban y chilenos que eran explotados.
Allende conocía la historia y sabía los riesgos de esa tarea. Lo había anticipado con lucidez: “Los quiebres institucionales fueron siempre determinados por las clases dominantes. Fueron siempre los poderosos quienes desencadenaron la violencia y vertieron la sangre de chilenos interrumpiendo la normal evolución del país”.
Si el socialismo democrático e igualitario proyectado era recibido con beneplácito y alegría por las masas populares, ocasionaba en cambio el odioso rechazo de la oligarquía y la derecha política con el respaldo del imperio norteamericano, empeñado por evitar el surgimiento de una tendencia ajena a sus intereses conservadores e intervencionistas en todo el planeta. La conjura antipopular provocó el desabastecimiento de productos indispensables y la alteración de servicios vitales.
Durante el gobierno popular en Chile había trabajo para todos, por lo cual la delincuencia era irrelevante. Todos los días los niños disponían de medio litro de leche y el estado había adquirido por primera vez una editorial – Quimantú – para incrementar la lectura de la familia en los hogares. El país se proyectaba a un futuro luminoso en que la clase trabajadora era la gran protagonista y en que los sindicatos, los pobladores y los movimientos sociales jugaban un papel fundamental.
Pero el gobierno había nacionalizado el cobre hasta entonces en manos de compañías norteamericanas, estatizado los bancos y expropiado industrias para incorporarlas al área de propiedad social. Ello y las medidas de igualdad y dignidad en favor de las mayorías irritaron a la oligarquía, sus partidos y sus medios, que pusieron en marcha una conspiración que culminaría con el golpe genocida.
El cruento golpe militar alentado por Estados Unidos fue la culminación de todo un proceso subversivo de todo el año 73, que consistió en cientos o miles de atentados terroristas – incluyendo el asesinato del edecán naval del presidente – y un clima enrarecido para contener la acción gubernamental. La sublevación castrense aplastó el proyecto democrático más necesario del pueblo chileno, que era un proyecto sin precedentes a lo largo de toda su vida republicana.
Ha transcurrido más de medio siglo desde la muerte del presidente Allende en La Moneda bombardeada y en llamas. Tiempo más que suficiente para apreciar en toda su magnitud la tragedia que desató el alzamiento de las fuerzas armadas en cumplimiento de su tradicional papel de escuderos de los ricos. Hubo miles de víctimas, ejecutados, desaparecidos, “suicidados”, degollados, quemados y gran cantidad de compatriotas perseguidos, encarcelados y torturados. Un elevado número de chilenos salieron del país y muchos viven aún en el extranjero. Todos ellos han sido recordados en estos días con respeto y emoción.
El pueblo no olvida la traición militar, el derrocamiento de un gobierno democrático y el genocidio de miles de compatriotas modestos, todo con absoluta impunidad, esto es, lo peor ocurrido en toda la historia de Chile. Muchas de sus dolorosas secuelas se mantienen en pie hasta el día de hoy.
Nunca más se puede permitir la instalación de una dictadura, sinónimo de muerte, odio, horror y destrucción, como parte de un régimen de terrorismo de estado. Chile no ha vuelto a ser el mismo: es hora de desprenderse de cualquier asomo contaminado de pinochetismo para iniciar un camino limpio en demanda de una democracia de verdad.
